La Región de Ñuble cuenta, desde este miércoles, 22 de enero, con su propio Servicio Regional de Reinserción Social Juvenil. El organismo busca administrar las medidas y sanciones contempladas en la ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente para jóvenes de entre 14 y 17 años.
El servicio, creado mediante la ley N°21.527, reemplazará al Servicio Nacional de Menores (SENAME) de manera progresiva. Mientras Mejor Niñez se encarga exclusivamente de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, el Servicio de Reinserción Social Juvenil se enfoca en jóvenes sujetos a responsabilidad penal.
Según las autoridades, su implementación se realiza en tres etapas. La segunda fase, que abarca desde el Maule hasta Magallanes, está en desarrollo (Ñuble incluido), mientras que la última etapa, destinada a Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, se completará en 2026.
Lee también: Instalan piscina de 55 mil litros³ en Quirihue para agilizar combate de incendios
El servicio trabaja con menores sancionados por la Justicia
El profesor de castellano Felipe Opazo Navarrete es el director del nuevo servicio regional. Afirmó que el trabajo se centrará en la reintegración de jóvenes a la sociedad.
“Tenemos que buscar las mejores alternativas para que un joven que tuvo conflicto con la ley no solo cumpla una sanción, sino que logre un proceso de reinserción y vuelva a tener una vida asociada a la norma”, señaló.
Entre las principales novedades del servicio destacan el financiamiento a través de compras públicas, planes individualizados para cada joven y el acompañamiento postegreso de hasta seis meses.
Relacionado: Reportan más estafas telefónicas, ahora en Chillán y San Carlos: se hacen pasar por municipios
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristopher Reyes Bórquez, resaltó la importancia del enfoque especializado del servicio. “Cada joven tendrá un acompañamiento individual y una política pública diseñada especialmente para ellos. Esto permitirá una reinserción mucho más efectiva”, explicó.
El nuevo servicio incluye coordinación con diversos ministerios para garantizar que los jóvenes tengan acceso a educación, salud y tratamiento de adicciones. Este enfoque integral busca fortalecer las herramientas necesarias para la reinserción y mejorar las condiciones de quienes cumplieron medidas sancionatorias.
