Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT.

El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: «A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas». 

Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones.

«Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales» dice Peralta en RFI. 

En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. «Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ» dice Peralta. 

Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de «injerencistas» y «mentirosos», y a sus opositores de haber intentado derrocarlos.

De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de «traición a la patria».