El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) declaró este lunes que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones de 2023 y descartó suspenderlo de su cargo, luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, anuló el partido que lo llevó al poder. El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla —partido del cual Arévalo fue cofundador— explicó a RFI por qué considera que la orden judicial carece de fundamentos legales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un nuevo intento de «golpe de Estado» por parte de la fiscalía. La disputa se remonta a 2023, cuando la fiscal general, Consuelo Porras, habría intentado boicotear las elecciones que ganó Arévalo, así como su investidura en enero de 2024. Ahora, la tensión aumenta con una orden judicial que buscaba destituir al presidente, aunque este lunes el Tribunal Electoral rechazó dicha solicitud.

Se trataba de una orden emitida por el juez Fredy Orellana, dirigida al tribunal electoral, que afectaba no solo al mandatario socialdemócrata, sino también a su vicepresidenta, a un alcalde y a 23 diputados, todos ellos pertenecientes a Semilla, el partido que está en el punto de mira de la fiscalía.

Para el diputado de Semilla, Samuel Pérez, la orden judicial no tiene nada de judicial.

«Honestamente, no es una batalla legal. Nosotros tenemos la razón jurídica y constitucional. Sin embargo, somos conscientes de que sí es una batalla política. Parece un intento desesperado, en ocasiones incluso ridículo, de un juez penal. Es el mismo juez penal que ha sido el único kamikaze que se ha atrevido a cometer estas ilegalidades. Está intentando, una vez más, tumbar al gobierno», afirmó.

Los acusados no saben de qué los acusan 

De haber sido admitida por el Tribunal Electoral, la orden habría impactado de lleno en la política guatemalteca. Habría anulado el partido del presidente y convertido a sus diputados en miembros individuales, en lugar de formar parte de un grupo político en el Congreso. Todo se basa, supuestamente, en un caso de corrupción. Sin embargo, en el partido no saben de qué se les acusa. Este es el caso del propio diputado Samuel Pérez.

«Yo estoy personalmente implicado en este caso y, sin embargo, no me han dado acceso al expediente, a pesar de que lo he solicitado por todas las vías. Nadie tiene certeza de cuáles son los supuestos delitos ni cuáles son las supuestas pruebas. Se trata más bien de una posición política para intentar cancelar un partido que ganó la presidencia, que obtuvo espacios en el Congreso, que ganó una alcaldía, pero que incomoda profundamente a un régimen de corrupción e impunidad establecido en Guatemala durante las últimas décadas», concluyó.

La Organización de Estados Americanos ha pedido respeto a los resultados de las elecciones de 2023 y fue convocada por el mandatario guatemalteco para una sesión extraordinaria. Desde Semilla esperan que toda esta batalla se resuelva conforme a la ley y la Constitución.