La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto para parte de los nacionalizados por la llamada «Ley de nietos» supone un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y afecta potencialmente a cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos residentes en América Latina.

Unos 400.000 españoles nacionalizados con la ‘ley de nietos’ podrían ver frustradas sus intenciones de votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo mantuviera la suspensión del derecho al voto para descendientes de exiliados, salvo los que demuestren que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco por razones políticas u orientación sexual, lo que podría excluir a miles de los comicios de noviembre.

La decisión supone un jarro de agua fría para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que tiene las encuestas en contra y deseaba que el Supremo levantara la suspensión. La norma que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad española es la llamada «ley de nietos», una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno español insisten en que, si se mantiene esta suspensión, se acudirá a dichas elecciones con el censo alterado.

«¿Esto qué significa? Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar», sentenció Sánchez.

Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de modificar el censo electoral con la citada ley. «Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la justicia», dijo el líder del ultraderechista VOX, Santiago Abascal.

Pero no todas las personas que consiguieron la nacionalidad merced a la Ley de Memoria Democrática, más conocida como ‘ley de nietos’, estarán excluidas de participar en los comicios. Habría una excepción para aquellas que acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados. Este es el caso de Diana López, residente en Argentina, que tiene raíces andaluzas. Su abuelo llegó a la Patagonia procedente de Almería huyendo de la Guerra Civil española.

«Esto de obtener la nacionalidad ha sido en gran medida un homenaje a mi abuelo. Yo no tengo ninguna pretensión de sacar provecho, de obtener los beneficios que puede conceder España. Yo obtuve la nacionalidad hace pocos meses y, en lo personal, comprendo que quien vive allá prefiera que decidan los que viven in situ. O sea, personalmente no me inquieta no poder votar. Entiendo, de algún modo, que aquellos que viven allí tienen más derecho a decidir su futuro», sostiene.

La decisión tiene consecuencias para miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero, en particular en América Latina. Argentina es el país que lidera el ranking con más solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la ley de nietos. Alrededor de 870.000, según los datos consulares difundidos durante la tramitación de la norma.

«Quizá hoy puede ser que lleguen con sus valijas algunos argentinos buscando su trabajo, su bienestar. Pero esos argentinos, hoy españoles porque adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tienen sangre española y son descendientes de aquellos españoles que alguna vez tuvieron la misma situación. Yo creo que las lágrimas son las mismas, pero los pasos en sentido contrario», dice Diana López, sollozando.

Mientras el Supremo otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares, el Gobierno español estudia, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar puede considerarse una resolución definitiva y, por tanto, si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.