Por Constanza Escobar

En el apogeo de las monarquías absolutas los límites entre el rey y el Estado eran prácticamente inexistentes, tanto así que Luis XIV lo plantea con su célebre frase “el Estado soy yo”. Esa expresión, sin dudas, plasma el espíritu de una época en que el poder soberano del monarca no sabía de fronteras, y es que el “derecho divino de gobernar” (la idea de que quien ostenta la corona es elegido por Dios para ese cargo) lo situaba incluso sobre la ley.
La concentración del poder y del gobierno basada en la lógica de “Tout pour le peuple, rien par le peuple” (todo para el pueblo, pero sin el pueblo) exhibe los parámetros del despotismo ilustrado, lo que culmina con un final digno de una película de Quentin Tarantino (la Revolución Francesa).
La historia siempre nos da grandes lecciones invitándonos a reflexionar y evolucionar; es por esto que hoy en Occidente contamos con gobiernos que se rigen bajo el Estado de Derecho, sean repúblicas democráticas o monarquías constitucionales. Este Estado de Derecho, según la ONU, corresponde a “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan”. Lo anterior implica que nos encontramos con el imperio de la ley que norma y ordena la vida en sociedad y evita que los gobernantes abusen del poder.
Por ello es que todos los ciudadanos y sobre todo las autoridades, quienes además deben dar el ejemplo, tienen que recordar siempre que no están por sobre la ley; que deben respetar la legislación vigente y que hoy, debido a la crisis sanitaria, no está permitido ir a comer a restaurantes, organizar reuniones, fiestas ni partidos de fútbol; que no podemos ir al gimnasio y no se puede violar el toque de queda, puesto que lo más importante es resguardar nuestra salud y la de quienes nos rodean.
Hoy más que nunca debemos abandonar las actitudes irresponsables que generan conflictos sociales y, de manera categórica e imperativa, mantener el Estado de Derecho propio de una democracia efectiva.

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Constanza Escobar Cárdenas

Administradora pública

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