Estancamiento, reformismo o refundación

Cada día nos acercamos a la primera instancia del proceso Constituyente que será marcado por el plebiscito de octubre. Más allá del mero acto electoral, se está viviendo un debate interesante sobre lo que implica la creación de una nueva Carta Fundamental.
Si pudiéramos resumir los dos grandes argumentos de quienes están a favor de una nueva Constitución, estos serían en primer lugar, la necesidad de que el acto constituyente sea originado en democracia, y en segundo lugar -conectado al anterior- la necesidad de cambiar el Modelo de país con el que hemos vivido durante 40 años, pues se esperaría con ansias que la futura Constitución contenga derechos sociales garantizados, donde el Estado se haga responsable de ello, porque así, supuestamente, los males económicos y sociales que produjo el Neoliberalismo -modelo legitimado, según sus voces detractoras, por la actual Constitución- se eliminarían o superarían.
En ese sentido, las esperanzas que tendrían muchos compatriotas del Apruebo y de la Asamblea Constituyente, no se debe solamente a una evolución siempre necesaria de las funciones básicas del Estado y sus poderes, sino también de una oportunidad única para generar de raíz un cambio de Modelo de Desarrollo que estaría enfocado en conceptos tales como el Bienestar y la Igualdad.
Sin lugar a duda, que todo ciudadano con sentido común y sensibilidad patriótica querrá que Chile esté mejor que antes, que sea un país más justo, equitativo y democrático, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿realmente esto se logra con una nueva Constitución y necesariamente con una refundación del Modelo de país? Ahora bien, alguien podría contrargumentar señalando que el Régimen Militar trajo una refundación al país, y de eso no hay duda, sobre todo en el aspecto económico, pero eso ¿es una justificación para hacer lo mismo y desechar lo que se ha logrado?
Nadie en su sano juicio podría decir en esta etapa de la historia que vivimos peor que antes, al contrario, reconocerá que Chile ha crecido como nunca, que las políticas de libertad económica no solo redujeron los niveles de pobreza, sino que también permitió a la gran mayoría de los chilenos la adquisición de bienes y servicios mejorando su calidad de vida. Pero, de todas maneras, es necesario hacer un mea culpa sobre aquellas áreas en que el Estado no cumplió un rol satisfactorio, aplicando en mayor medida una subsidiariedad negativa, en el sentido de desprenderse de sus roles para dejar al privado actuar, y despreocupó la subsidiariedad positiva que se transmite fuertemente en políticas sociales. Bajo esta realidad, si reconocemos que el país ha avanzado en estos últimos 40 años por un determinado Modelo de Desarrollo que se basa en la libertad económica, ¿deberíamos en una eventual nueva Constitución dejar fuera dicha lógica para lograr un mayor bienestar y equidad social?
Para dar respuesta a esa interrogante, tenemos tres opciones; mantener el actual Estado Neoliberal, establecer un Estado de Bienestar -modelo que lo han aplicado los países nórdicos aunque en todos ellos la libertad económica ha sido esencial-, o avanzar hacia un Estado de Economía Social de Mercado, donde se mantiene la libertad económica, las empresas cumplen un rol social, se busca un capitalismo inclusivo, se aplique la subsidiariedad positiva del Estado y se fomenten los valores comunitarios. Creo que, con los logros y desaciertos del modelo actual, optar por un camino reformista es mucho más rápido y a la vez sensato, para generar soluciones factibles y gradualistas a los problemas socioeconómicos del país.