En el transcurso del proceso constitucional chileno, marcado por altos y bajos, la realidad se entrelaza con las expectativas iniciales, generando una encrucijada que la ciudadanía enfrenta con miradas diversas y posturas encontradas. A medida que nos acercamos a la decisiva fecha del 17 de diciembre, es imperativo reflexionar sobre el rumbo de este proceso y sus implicaciones para el futuro del país.
Desde el primer proceso hasta la actualidad, la oscilación entre expectativas y resultados ha sido constante. En el primer acto, la expectativa inicial de cambio se ve eclipsada por el rechazo popular, poniendo de manifiesto el desafío institucional que enfrentamos. Las posturas divergentes respecto al encauzamiento institucional revelan la dificultad de generar una cobertura adecuada a los problemas de agenda, tanto a corto como a largo plazo.
En el segundo proceso, la famosa frase «una que nos una» se convierte en una promesa que desafía la capacidad de respuesta institucional de la convención actual. A pesar de los esfuerzos por proyectar este proceso como convocante, las realidades indican lo contrario. Las encuestas reflejan una posición en contra predominante, dividiendo a la población y planteando interrogantes sobre el futuro del país.
El análisis de la Constitución actual en Chile nos lleva a considerar los alcances estructurales que han contribuido a los grandes problemas del país, desde la pobreza hasta la desigualdad. Las barreras en la educación y el modelo económico que fomenta el individualismo resaltan la necesidad de soluciones y demandas colectivas.
Se destaca la comunidad al relacionar al gobierno actual con el proceso constitucional. Sin embargo, la valoración forzada hacia el gobierno puede ser una idea equivocada. Es esencial diferenciar los matices y comprender cómo la interpretación gubernamental impacta la opinión pública, especialmente cuando se vislumbra una agenda gubernamental enfocada en lo económico y la construcción de un legado presidencial.
Con dos años por delante, la agenda pública definirá el rumbo del país. La ciudadanía se enfrenta al desafío de absorber los legados del gobierno y evaluar el desempeño del proceso constitucional. La decisión del 17 de diciembre no puede pasarse por alto, ya que la construcción de un proyecto constitucional ha enfrentado dificultades en su encauzamiento institucional.
La agenda pública refleja preocupaciones inmediatas, desde la situación económica hasta las condiciones diseñadas para aumentar la inversión pública y extranjera. La seguridad, agudizada por hechos de violencia, y la necesidad de fortalecer el trabajo en un nuevo escenario delictual son puntos críticos que demandan atención.
En el rumbo constitucional, cada ciudadano se convierte en un actor clave. Este proceso, lejos de ser simplemente una travesía institucional, define el futuro de Chile. La extensión del proceso puede haber sido difícil de comunicar, pero la ciudadanía busca un proyecto colectivo que no solo resuelva los problemas sociales inmediatos, sino que también proyecte un modelo sostenible y unificador para las generaciones venideras, me refiero a cuál será el camino que seguirá el modelo de educación, de salud y de pensiones, además de un sistema político ad hoc con los tiempos que corren y un sistema económico sostenible y socialmente responsable.
