En el último año, la percepción de inseguridad en el país ha aumentado considerablemente, hecho que afecta por igual en las áreas urbanas y rurales. La falta de políticas y acciones claras, contundentes y efectivas en materia de seguridad es un problema vigente que tiene a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile cuenta con aproximadamente 60.000 efectivos policiales para una población de alrededor de 19 millones de habitantes. Esto se traduce en aproximadamente 3.15 policías por cada 1.000 habitantes, una cifra que está levemente por encima del promedio recomendado por la ONU, que sugiere al menos 3 policías por cada 1.000 habitantes.
Aunque los números parecen estar a favor, al sumar y restar falta personal, realidad que se hace evidente en las dificultades para atender emergencias, realizar patrullajes preventivos y, en general, mantener la paz y el orden público.
El ex titular de Interior, Rodrigo Delgado, manifestó en varias oportunidades su preocupación por la situación, en su tiempo de ministro aseguró: “Estamos trabajando en un plan integral que no solo aumente la cantidad de efectivos en las calles, sino que también mejore la formación y los recursos disponibles para nuestros policías. Sabemos que la seguridad es una prioridad para todos los chilenos, y estamos comprometidos a hacer los cambios necesarios”.
Por otro lado, Mario Fernández, también ex integrante del Ejecutivo, ha sido crítico respecto a las políticas implementadas en los últimos años. En una declaración señaló: “La falta de coordinación y la ausencia de una estrategia clara han debilitado nuestra capacidad de respuesta ante el crimen. Es crucial que se establezcan políticas que no solo sean efectivas a corto plazo, sino que también se sostengan en el tiempo y se adapten a las nuevas realidades delictuales”.
La violencia en las calles, el narcotráfico y los delitos de alta complejidad son solo algunas de las amenazas que enfrentan diariamente los ciudadanos. Un ejemplo en números son los casos por homicidio que han aumentado en un 60% entre 2014 y 2023, de acuerdo con datos del CEAD -perteneciente a la Subsecretaría de Prevención de Delitos-, lo que evidencia la necesidad urgente de adoptar medidas más eficaces y sostenibles.
Los expertos coinciden en que se requiere una reforma integral de las fuerzas de seguridad, que incluya no solo un aumento en el número de efectivos, sino también una modernización en sus métodos de trabajo y una mejora en las condiciones laborales. Además, es fundamental fortalecer la colaboración entre la policía y las comunidades locales, promoviendo una cultura de denuncia y participación ciudadana.
Es imperativo que el Gobierno, junto con todas las fuerzas políticas y sociales, trabajen de manera coordinada para enfrentar este desafío. Solo a través de una acción conjunta y decidida se podrá garantizar un entorno seguro para todos. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo un tema secundario debe ser el eje central de las políticas públicas si se quiere construir un país más seguro y vivible.
