La idea de que «menos Estado es mejor» se ha puesto sobre la mesa en varias discusiones públicas, pero la experiencia nos muestra lo contrario en materia de seguridad. Las complejidades del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos cibernéticos no pueden enfrentarse con instituciones débiles o mal coordinadas. Aquí, la lógica es simple: el crimen se adapta, se fortalece y cruza fronteras. Por eso, el Estado también debe fortalecerse para dar respuesta. La ministra del Interior, Carolina Tohá, lo dejó claro: la creación de este ministerio no es una victoria del Gobierno, sino del país.
Hasta ahora, la seguridad estaba bajo la responsabilidad del ministerio del Interior, que además de esta tarea, debe coordinar a todo el gabinete. Este esquema resultaba insuficiente para enfrentar los desafíos actuales, ya que la seguridad se convertía en una tarea más entre muchas otras. Con el nuevo ministerio de Seguridad Pública, se busca profesionalizar la gestión, dotarla de especialización y sacarla del juego político diario. Esta institucionalidad permitirá que la seguridad pública tenga continuidad en sus políticas, independientemente de los cambios de Gobierno.
La lógica es que el crimen no espera, y por lo tanto, la respuesta del Estado tampoco debe hacerlo. Además, la nueva institucionalidad no solo se traducirá en más funcionarios, sino en más capacidad técnica y coordinación efectiva. Esto será clave para superar las tensiones actuales entre los delegados presidenciales y los gobernadores regionales. Hasta ahora, ambos actores tienen injerencia en la seguridad, lo que ha generado conflictos de competencia. Con este ministerio, se espera que cada uno tenga un rol más claro, con el delegado como representante del Ejecutivo y el gobernador centrado en la coordinación de las políticas regionales.
Para algunos, la creación de este ministerio será vista como «más burocracia». Pero reducir la discusión a la cantidad de instituciones es un error. Lo que importa no es el número de oficinas, sino su capacidad de respuesta. Max Weber, el reconocido sociólogo alemán, afirmaba que el Estado moderno se define por su monopolio de la fuerza legítima. Y para ejercer ese monopolio, se requiere de instituciones fuertes y profesionales. Este no es un problema de tamaño, sino de eficacia. Si la burocracia se asocia a ineficiencia, entonces lo que se necesita no es menos burocracia, sino una mejor.
La profesionalización de los cargos clave, como los futuros seremis de seguridad, responde a esta lógica. Se exige experiencia previa en seguridad, requisitos de estudios y una permanencia que no dependa de los ciclos políticos. Este tipo de estándares son los que garantizan un Estado técnico y eficiente.
Más Estado en seguridad significa más protección para la ciudadanía. No se trata de llenar las calles con policías, sino de asegurar que las instituciones tengan la capacidad de investigar, prevenir y responder de manera eficaz. La seguridad pública no se resuelve con respuestas inmediatas. Se ha destacado la importancia de basar las políticas de seguridad en la evidencia y la experiencia internacional. Esto implica ir más allá de endurecer penas, sino de adoptar una lógica de prevención, control y rehabilitación.
Este proceso no estará exento de dificultades. Habrá ajustes necesarios para definir los roles de los delegados presidenciales y los gobernadores regionales, pero con una institucionalidad bien diseñada, esta coordinación puede ser una oportunidad y no un obstáculo. Al final, cada avance estatal contra la criminalidad es un paso en que retrocede la delincuencia.
Esta es la lógica que debemos abrazar. No se trata de tener más control sobre la ciudadanía, sino de tener más control sobre la criminalidad. No es más represión, es más protección. No es más burocracia, es más profesionalización. En definitiva, más seguridad es más Estado.
