Terrorismo en la Macrozona Sur: un nuevo escenario

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declara a las agrupaciones Coordinadora Arauco Malleco, Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu, como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”. Esto se debió a los hechos de violencia ocurridos en la zona, como también por la presencia del narcotráfico y el robo de madera. Además, de la gran cantidad de fallecidos, lesionados y propiedades atacadas, cuyos actos han sido disfrazados por reivindicaciones políticas y étnicas propias del pueblo mapuche.

Sumado a esto, hubo tres proyectos que también fueron aprobados, como por ejemplo, la urgencia de tomar medidas y atribuciones constitucionales que permitan el resguardo del Estado de Derecho en la Macrozona Sur. También, para que se presente una querella criminal contra el líder de la CAM Héctor Llaitul, por su llamado a la “resistencia armada” contra el Estado de Chile. Además, para realizar gestiones ante la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Consejo de la Unión Europea, para que declare a la CAM y al Weichan Auka Mapu como organizaciones terroristas.

Esto nos lleva a considerar, que las decisiones del Congreso entran en sintonía con lo que sufre y percibe la mayoría de los chilenos que viven en la macrozona sur, cuya respuesta a estas problemáticas no se trata simplemente de acuerdos legislativos emanados de simples apreciaciones, sino de una cruda realidad que ha vivido la zona por muchos años. Y aunque el conflicto se puede remontar a tiempos históricos, la verdad es que en los últimos años la violencia se ha agravado, tal es el caso, que desde el 2020 a la fecha, los homicidios y ataques incendiarios aumentaron en un 36%, quedando de manifiesto en el Índice Global de Terrorismo, donde Chile el 2020 estaba situado en el puesto 48 a nivel mundial, y el 2022 subió a un preocupante décimo octavo lugar, convirtiéndose en el segundo a nivel sudamericano.

Frente a esta grave situación, el avance legislativo era definitivamente imperioso, para no solo basarnos en leyes internas como la N°18.314 que tipifica y sanciona los actos terroristas, sino también encontrando un respaldo en el plano internacional que nos ayude a conceptualizar de manera amplia lo que es el terrorismo, para que no sea definido como una mera opinión de un sector político. Por ejemplo, según la Unión Europea, el terrorismo consiste en  “actos cometidos con la intención de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país u organismo internacional”.

En ese sentido, la catalogación de terroristas a estas agrupaciones nos amplía la perspectiva a la hora de abordar el problema, ya no sólo al considerar su accionar como meros actos delictuales, sino con un juicio penal, social y político de mayor intensidad.

En lo penal, habrá implicancias sin lugar a dudas, pues tomemos en consideración que desde el 2001 al 2018 sólo hubo tres condenas por delitos terroristas, que estaban vinculadas a personas particulares, sin embargo, ahora con la nueva condición que tienen estos grupos, habría un mayor respaldo legal para aplicar justicia contra el terrorismo.

En el plano social, habría un rechazo frontal por parte de la sociedad a todo grupo subversivo contra la nación, exigiendo medidas de disolución y sentencias individualizadas sobre sus miembros, aparte del trabajo pedagógico formal e informal de aversión al terrorismo.

En un sentido político, este avance legislativo generaría el desplome de la narrativa que ha justificado la violencia de la causa mapuche, y de cualquier intento de victimizar a los grupos armados, ya que sus medios políticos no marcan una diferencia entre lo democrático y lo legítimo. Pensemos por un momento que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron los que votaron en contra de que estos grupos sean catalogados como terroristas, precisamente porque ha sido ese sector político el que ha romantizado la causa mapuche a tal nivel, que no pudieron condenar tajantemente su lado oscuro.

Pero dado que el reconocimiento se ha asentado, ahora le ley obliga y se necesita pensar en las soluciones respectivas, cuyo objetivo primario es desmantelar y eliminar a todos los grupos terroristas en el país. Debemos entender que el Estado manifiesta su poder por medio de la monopolización de la fuerza, porque debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, por esa razón, no pueden existir grupos que compitan con la fuerza estatal. Por ello, no sólo es necesario que se combata el terrorismo, sino que se haga bien, como una política antirrevolucionaria, que según el Doctor en Filosofía Adolfo García de la Sienrra, consistiría en formar un sistema estatal de información e inteligencia, de un buró de investigaciones eficaz, restituyendo la dignidad y centralidad de los ejércitos, así como reformando el sistema de justicia.

Dadas estas razones, ha sido un avance muy significativo que la CAM como otros grupos armados sean catalogados por ley de Estado como organizaciones terroristas, aparte de las otras medidas aprobadas por los representantes, ya que todo acuerdo político que se lleve a cabo de aquí en adelante deberá realizarse con líderes mapuches cuya voz y práctica sea democrática, para encontrar soluciones pacíficas, dejando al margen a todo aquel que no quiera dialogar de acuerdo a los parámetros republicanos.