Quizás en Santiago no lo sepan, pero el cambio de gabinete que hizo recientemente el presidente Sebastián Piñera no solo agitó las aguas a nivel país, sino que afectó directamente la representatividad política de Ñuble y Biobío.
La designación del UDI Víctor Pérez como Ministro del Interior y Seguridad Pública lo sacó inmediatamente del Senado, lugar en el cual representaba a las dos regiones antes mencionadas. Y no sólo pasó con el -ahora- ministro Pérez, sino también con los -actuales- ministros Bellolio, Allamand y Desbordes: todos salieron del Congreso y llegaron a La Moneda. Los distritos afectados -porque, claramente esto afecta la representatividad y legitimidad ante el electorado de quienes les reemplazarán- han debido resignarse a recibir a sus nuevas autoridades parlamentarias, que han sido designadas -como lo dicta la Constitución- por los partidos de cada ex parlamentario en cuestión.
A Ñuble llegó Claudio Alvarado, ex ministro de la Segpres (Secretaría General de la Presidencia) y totalmente foráneo de la región de Ñuble o del Biobío. “Entiendo a quienes manifiesten su opinión porque no sea una persona de la región”, dijo el ahora senador Alvarado a La Discusión, hace unos días, saliendo al paso de las críticas en la política local que criticaron su denominación; pero, Alvarado no tiene culpa alguna: fue designado y la orden vino de arriba -él la aceptó, pero eso no es relevante-. Ahora debe ocuparse de los asuntos que otrora encabezaba Pérez Varela y ya está.
Esta situación, sumada a la reciente elección del concejal Pedro Méndez como alcalde suplemente de San Carlos, que fue realizada entre los concejales -como está establecido- dejan a la ciudadanía de brazos cruzados. Los vecinos reclaman pero no tienen participación alguna en estas decisiones que definen “a dedo” al que se sentará en el cargo, procesos que en escenarios normales dependen de una elección por voto popular.
Los procesos para reemplazar a una autoridad -ya sea a un senador, o un alcalde, como hemos visto- son totalmente legales y constitucionales, pero pasan a llevar a “la razón de ser” del Estado, que es la ciudadanía. Por otro lado, se podrían justificar estas medidas ya que la labor parlamentaria o comunal no puede ser detenida por una designación o elección, y los tiempos apremian.
La interrogante que aflora es ¿Deberían haber elecciones para elegir a quien se siente en un cargo público, sea provisorio o hasta el término del periodo? Después de todo el electorado vota por dos factores: partido y persona, y si le cambian uno, o ambos, está en su derecho legítimo de reclamar.

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