Muchas apreciaciones se han tomado los espacios de discusión política en los últimos días sobre este acuerdo político que se logró para generar una nueva Constitución, habiendo pasado 4 meses de la derrota del proyecto que ofreció la convención constitucional.
Tenemos por un lado a la Derecha de posiciones más reaccionarias, quienes han estado en contra desde un principio del momento constituyente que vive Chile hace ya tres años, pues acusan a parte de su sector político de “entreguismo”, de no capitalizar el triunfo del 4 de septiembre, lo que en definitiva, sería volver a darle un espacio a la Izquierda que perdió en el último plebiscito.
Por otro lado, tenemos a la Izquierda de posiciones más revolucionarias, los que abanderaron el momento constituyente bajo el camino del movimiento ciudadano y la revolución desde el 18 de octubre del 2019, donde acusan a este nuevo acuerdo como una instancia poco participativa, elitista y que no traería ninguna transformación. Esto es entendible, ya que la Izquierda más radical fue la que perdió su oportunidad histórica de generar las transformaciones a Chile que ellos consideraban pertinentes.
Pero más allá de las voces ideológicas que resuenan por este Acuerdo, en ciertas ocasiones importan más los datos que el relato cuando se intenta instaurar la idea de que “la mayoría quiere esto” o “la mayoría no lo quiere”. Si revisamos la última Cadem, nos daremos cuenta que el 63% de los chilenos está de acuerdo con que exista una nueva Constitución para el país y el 55% cree que será mejor que el proceso anterior. Además, según los datos de la penúltima Cadem, el 59% cree que el grupo encargado de redactar el nuevo proyecto constitucional debe estar conformado por ciudadanos electos y por un comité de expertos.
Lo anterior entra en consonancia, en términos generales, con lo establecido en el Acuerdo, porque el cuerpo que estará a cargo de redactar la nueva constitución está conformado por 3 órganos, tratando así de resguardar la expertiz y el sentido común. Por un lado está el Consejo Constitucional, que estará a cargo de discutir y aprobar la propuesta de nueva Constitución, integrado por 50 personas, elegidas por voto popular por el mismo sistema electoral que se utiliza para elegir a los senadores.
Por otro lado, está la Comisión Experta, que será conformada por 24 personas de trayectoria profesional, técnica y/o académica, donde 12 de ellos serán elegidos por la Cámara de Diputados y los otros 12 por el Senado. El principal objetivo de este órgano es redactar un anteproyecto que será la base para la discusión y redacción de la nueva constitución. Por último, está el Comité Técnico de Admisibilidad, que será compuesto por 14 juristas de gran trayectoria, elegidos por el Senado tras una propuesta de la Cámara de Diputados. La función de este órgano es la revisión de las normas aprobadas que hayan sido presentadas por la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, con el fin de no contradecir las bases institucionales.
Pero ¿cuáles serán estas bases institucionales intocables? Pues las mismas que se trastocaron en el proyecto anterior, y que los chilenos no estuvieron de acuerdo con ese cambio por estar marcado por un espíritu refundacionista. Ahora bien, de las 12 bases institucionales que se han de proteger, más allá de su nivel de importancia, no va a significar, por ejemplo, un status quo sobre el modelo de desarrollo que se quiera implementar en el país, dado que se estableció como base que “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho” y que reconoce las libertades fundamentales, estableciendo una progresividad en los derechos. Además, de comprometerse constitucionalmente con el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
En este sentido, Chile no sólo en la praxis de los últimos gobiernos ha dejado de ser Neoliberal, sino que el nuevo proceso constituyente formalizará el traspaso de una economía de tipo liberal a una economía más socialdemócrata, sin la necesidad de afectar el sistema político del país, ni transgredir sus fortalezas y tradiciones institucionales, que iban a ser ampliamente vulneradas en la propuesta anterior.
De todo esto, se puede ver con claridad que el vencedor de este acuerdo no es principalmente la Centro Derecha, que puede seguir confiando en la perpetuación de ciertas bases de la Constitución de 1980, sino que el principal ganador de este nuevo proceso es la Centro Izquierda por el Rechazo, aquellos líderes y ciudadanos que develaron las fallas del proyecto anterior, y que fueron los principales protagonistas para que el centro político electoral (que supone la mayoría de Chile) tomara el camino de los cambios sin refundación.
Así es, los principales ganadores de este acuerdo no son los negociadores de Chile Vamos, que fueron los que tuvieron mayor pantalla los últimos días, sino los Amarillos, porque el triunfo de los primeros es momentáneo, el de los segundos es ideológico. Los Amarillos sin tener un escaño en el Congreso o un referente en el Gobierno, será el partido que pasará a la historia llevando el mayor triunfo electoral desde el retorno a la democracia y asentando las bases institucionales del nuevo proceso constitucional.
Sin embargo, no todo es alabanza y color de rosas, pues hay elementos que parecen no tener un buen recibimiento en la ciudadanía, que es la falta del elemento participativo en el camino a la nueva constitución, pues parece tener la misma lógica democrática liberal donde la participación política se relega al plano consultivo y representativo. Además, hay mucha crítica por la inexistencia de un plebiscito de entrada, lo que podría implicar una oposición no menor desde antes que se geste el proceso, y con ello, un alejamiento sustancial entre el pueblo y la élite constitucional.
Y en última instancia, el peligro que corre este nuevo proceso es que podría perder el interés ciudadano, cuando los problemas de largo plazo nublen las urgencias sociales, nos harán entender de que todo evento político no se puede desmarcar de su contexto. Si el Gobierno y el Congreso no avanzan en solucionar los problemas de delincuencia, terrorismo, inmigración ilegal e inflación, la nueva Constitución podría perder una valoración social importante, que es algo inconcebible en un régimen democrático.
