Una crítica al proceso constitucional

El próximo domingo 7 de mayo celebraremos nuevas elecciones con el fin de elegir a los miembros que conformarán el Consejo Constitucional que, junto a la Comisión de Expertos y al Comité Técnico de Admisibilidad (cuyos miembros han sido elegidos y designados por el Congreso), será uno de los tres cuerpos que estarán a cargo de construir un proyecto de nueva Constitución Política tras el intento fallido de la Convención Constituyente cuya propuesta fue rechaza por una abrumadora mayoría el pasado 4 de septiembre del 2022.

Ahora bien, siempre es bueno que en una república democrática como Chile se estén celebrando periódicamente elecciones, y que en períodos cortos de tiempo exista un evento electoral de envergadura nacional, para que así las personas valoren el sentido de la ciudadanía como este gran cuerpo social que da vida al Estado, siendo una comunidad política que expresa su voluntad en el instrumento soberano del voto. Lo que también conlleva a que los ciudadanos puedan instruirse en sus decisiones políticas, sea de manera directa o representativa. Sin embargo, esto no está ocurriendo por estos días, ya que se percibe un clima de mucho desinterés y desinformación sobre este nuevo proceso constitucional. Tal es el caso, que muchos electores desconocen por completo quiénes son los candidatos a los cuales darles el voto.

Pero esta preocupante realidad tiene una responsable mayoritaria, que es la élite política, que en definitiva es el Gobierno y el Congreso, las fuerzas legislativas tradicionales que en un acto de ansiedad y desesperación comenzaron inmediatamente un nuevo proceso constitucional sin el factor constituyente, aquel que nace desde debajo en la columna social por medio de un momento de reflexión popular para destronar un sistema y/o un modelo y cambiarlo por otro. Al contrario, este nuevo proceso nació de la élite con mucho mayor descaro que el Acuerdo por Chile del 2019.

Aunque el rechazo a la propuesta constitucional que ocurrió el año pasado puede tener muchas lecturas, una de las más significativas fue el castigo a un proceso revolucionario fallido, revolución que fue coaptada por las fuerzas octubristas, aquellas que querían refundar nuestra historia y nación, y que en el ridículo más espantoso sufrieron la reprobación del pueblo cuerdo y con sentido común. Sí, quizás para muchos el triunfo del Rechazo fue un alivio y un sentimiento de decepción por parte de los ciudadanos del Apruebo, pero que en ambos casos  también conllevó a un desgaste mental que aún permanece en la actualidad, por lo que fue un grandísimo error haber comenzado inmediatamente un nuevo proceso.

Pero ya está, la élite política que detenta el poder nos impuso este nuevo proceso y estamos obligados a elegir a este Consejo Constitucional sin estar debidamente preparados, y peor aún, sin habernos consultado por medio de un plebiscito de entrada. Pero nos preguntamos ¿por qué no hubo plebiscito de entrada?, ¿por qué se dio por hecho de que la ciudadanía quería tener una nueva Constitución habiendo rechazado un proceso previo?, ¿por qué se comenzó a gestar un nuevo proceso de manera inmediata? La centro derecha pensó que con capitalizar el voto del Rechazo lo más pronto posible iba a impedir que el Apruebo tomara fuerza si tuviera más tiempo para revivir el sentimiento refundacional, y la centro izquierda creyó que con un nuevo proceso inmediato se podría obtener una parte de lo que perdieron en el proceso anterior.

El problema es que el electorado no piensa necesariamente como la élite política, porque la mayoría ciudadana actúa más en base al sentido común, y no vota en clave ideológica, sino que intenta a través de las oportunidades democráticas tomar una decisión que responda a un problema latente, el tema es que lo urgente e importante se modifica con el tiempo, porque los problemas de hace cuatro años ya no son los mismos que se viven en el presente.

Por ejemplo, a fines del 2019 el tema más importante era “la desigualdad económica”, y muchos sectores políticos y sociales prometían que con una nueva Constitución habría una mayor justicia económica por medio de la consagración constitucional de los derechos sociales ante un cambio del sistema económico y político. Pero veamos ahora,  a mitad del 2023 el tema más importante ya no es la igualdad económica sino que es “la seguridad”, y los partidos políticos han leído muy bien este escenario, por eso vemos que los candidatos al Consejo Constitucional sólo hablan de seguridad como si fuera el único tema relevante, pero se cae en el mismo error que en el proceso anterior, el de tratar un tema de agenda gubernamental y legislativa como si fuese un problema constitucional. Es por eso que es necesario entender que no se requiere cambiar la Constitución para que se apliquen medidas en favor de la justicia económica y de la seguridad ciudadana.

Pero el problema no es sólo de contenido sino que también de errores estructurales como los mecanismos electorales viciados de la ideología mainstream que debemos sufrir. Un ejemplo de ello es que las fuerzas políticas dirigentes han establecido un sistema electoral que asegure que haya 25 mujeres y 25 hombres en el Consejo Constitucional basado en criterios de igualdad de género, pero nos están obligando a una igualdad de resultados sin respetar la voluntad popular objetiva y expresa que se da en el voto, esto debido a que un candidato puede quedar fuera aunque haya sacado más votos que otro sólo por criterios de género. Pero si los electores quieren votar más por mujeres, ¿por qué tendría que haber igual cantidad de hombres en los escaños o viceversa? Claramente la paridad de género como igualdad de resultados y no como igualdad de oportunidades es una vulneración descarada al principio de competencia electoral, por consecuencia, una vulneración a las decisiones del pueblo, una vulneración a la democracia.

Con lo anterior podemos entender que este proceso constitucional que está en marcha contiene una serie de problemas, equivocaciones y medidas arbitrarias, que han provocado desinformación y desinterés por parte de la gente. Sí, quizás en este proceso se redacte una propuesta constitucional mejor que la anterior, y quizás los chilenos la aprueben por descarte y cansancio, pero quizás no tendrá ninguna valoración social como evento histórico de la cual nuestra nación se pueda sentir orgullosa ni en el futuro ni en la actualidad.