En materia económica, ya casi ni sorprende constatar que Chile exhibe uno de los crecimientos más bajos de la región. La economía avanza a paso lento, lejos de las proyecciones que alguna vez anunciaron las autoridades, y la incertidumbre parece haberse instalado como regla. Pero más allá de los grandes titulares, lo cierto es que la realidad golpea donde más duele: en las empresas pequeñas y medianas que sostienen la vida productiva del país.
Las pymes son, una vez más, las más expuestas a este escenario. Mientras intentan adaptarse a mayores exigencias laborales, al incremento del sueldo mínimo, a la carga impositiva y a los costos sociales, deben enfrentar además un abuso silencioso: el incumplimiento sistemático en los plazos de pago.
No hablamos de un favor ni de un gesto de buena voluntad. Existe una Ley clara, promulgada en 2020, que obliga a cancelar facturas en un máximo de 30 días corridos. Fue diseñada justamente para dar oxígeno financiero a las pymes, garantizando que no se transformen en los bancos informales de clientes más grandes o, peor aún, del propio Estado. La normativa fija sanciones precisas: intereses corrientes, comisiones adicionales e incluso responsabilidades administrativas en el caso del sector público.
El problema es que, en la práctica, la Ley se incumple de manera reiterada. Y aunque la herramienta legal está ahí, la realidad es que muchas pymes no tienen la capacidad económica ni jurídica para entablar un proceso judicial contra un gigante que dilata sus pagos. El resultado es el de siempre: liquidez estrangulada, inversión frenada y familias enteras obligadas a subsistir al borde.
Es legítimo preguntarse qué sentido tiene una legislación si quienes deben cumplirla la tratan como letra muerta. ¿De qué sirve hablar del “motor de la economía” cuando se le niega el combustible básico para funcionar? Aquí no solo hay un problema de gestión, hay un problema de ética. Porque cada factura impaga en el plazo legal es, en la práctica, un acto de abuso contra empresas que representan más del 90% del tejido productivo del país.
Ñuble no es ajeno a esta realidad. Nuestra región vive y respira gracias a las pymes, desde el comercio hasta la producción agrícola y de servicios. Respetar la Ley de Pago a 30 Días no es un capricho burocrático: es una necesidad urgente para dar estabilidad a miles de familias. Seguir postergándolas no es solo ilegal; es lisa y llanamente irresponsable.
