En la Colonia Bernardo O’Higgins, ubicada en la Parcela Nº 24 en Chillán (Región de Ñuble), se realizó la clausura de un establecimiento porcino. El operativo se ejecutó este jueves, 26 de febrero y fue liderado por funcionarios del departamento de inspección comunal.
La intervención afectó directamente a las instalaciones pertenecientes a la sociedad Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A.. Este recinto agroindustrial no contaba con la patente municipal obligatoria exigida por la Ley de Rentas Municipales.
La medida municipal respondió a la detección de actividades comerciales operando de manera completamente irregular. La acción legal, orientada a garantizar el cumplimiento normativo vigente, tiene su origen en una inspección anterior.
La revisión respectiva fue realizada el pasado 30 de enero por los inspectores comunales. Durante esa jornada de fiscalización, se cursó la infracción correspondiente contra la compañía por operar irregularmente.
El alcalde, Camilo Benavente, señaló que “en el cumplimiento de las atribuciones del municipio, hemos clausurado una planta que trabaja en el rubro de la chanchería por ejercer sin patente comercial ni la debida regularización tributaria. Por eso actuamos conforme a la ley”.
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«Además del cierre, tiene un costo»
Ante la persistencia de las anomalías comerciales, la administración edilicia decretó la clausura definitiva del predio productivo. Esta resolución sancionatoria fue dictada formalmente el pasado 19 de febrero por las autoridades. El mandato restrictivo se ejecutó este jueves mediante un contingente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal.
La directora subrogante de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal, Claudia Rubilar, indicó que “además del cierre, esta medida tiene un costo para el infractor, exactamente, que eso lo determina el Juzgado de Policía Local”.
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La funcionaria directiva dijo que “si es reincidente o no reincidente, todos esos son factores podrían agravar la multa”. Las declaraciones evidencian que el caso administrativo pasó a la jurisdicción de la justicia local comunal.
El procedimiento de intervención, que implicó el cierre del perímetro productivo, finalizó sin registrar incidentes. El predio fiscalizado quedó inmediatamente bajo la custodia estricta del representante legal de la respectiva empresa. Este encargado deberá asumir la responsabilidad absoluta de las instalaciones tras la paralización de sus funciones.
