Tenían todo lo necesario para comercializar las drogas: las pesaban, dosificaban e intercambiaban dentro de sus domicilios.
Casi $10 millones de pesos dijo haber invertido el Ministerio de Cultura en los equipos tecnológicos que se dispondrán para quienes visiten el inmueble.
Los hechos, aseveró la Justicia, fueron cometidos entre 2015 y 2018 en contra de su propia hija. La corte rechazó su apelación.
Por haber cerrado los accesos a su comuna para evitar la llegada de casos COVID-19, la Contraloría lo multó con una quinta parte de su sueldo.
A través de un recurso de nulidad, la defensa del sentenciado en 2023 pedía rehacer el proceso judicial, lo que no fue concedido por el tribunal de alzada.
El programa data de 2016 y ya ha beneficiado a más de 9 mil familias en la intercomuna. Revisa las fechas y lugares para postular acá.
Ofrecía productos que jamás poseyó, cobraba el dinero y cortaba comunicaciones. Se desconoce aún el número total de estafados.
Si bien la PDI no detalló cómo se movilizó al menor, fue entregada a su abuela paterna por un tribunal y no hubo detenidos ni terceros implicados.
Son los propios vecinos, del sector Quilamapu, quienes mantienen el recinto que posee “camas de cultivo” de 4 metros de largo.
Son varios los servicios públicos involucrados y no existe consenso en cómo hacer las obras: cada uno aboga por sus planes.
