Fue detenida el 29 de septiembre de 1973 y retenida en el regimiento de la ciudad. El tribunal decretó el pago reajustado.
La víctima fue privada de libertad, expuesta a malos tratos por agentes del Estado durante la dictadura.
Amenazó a la víctima con un cuchillo para que le entregara dinero, llevándose $60 mil en efectivo.
«Los alegatos dan cuenta de un delito de corrupción», aseguró el abogado de Fiscalía. El hecho habría ocurrido antes de que él asumiera el cargo.
La labor realizada por los oficiales requirió de análisis criminal e inteligencia policial para determinar su ubicación.
Su historial registra cargos por agredir a policías, robos y delitos asociados a la Ley de Drogas.
Los informes entregados, explicó la jueza, no fueron suficientes para corroborar las acusaciones. La Fiscalía le imputaba desviar más de $2.900 millones
Las acosaba en contextos de fiesta, las apartaba y cometía los delitos sexuales, según explicó la Fiscalía. Las primeras denuncias empezaron en 2019.
La víctima, explica el Poder Judicial, no puede ejercer su profesión. La intervención ocurrió en 2018 e involucra judicialmente al Servicio de Salud.
En la nueva sede de la Corte de Apelaciones, autoridades del ámbito reflexionaron sobre el cambio estructural que significó.
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