La Constitución bajo la lupa histórica

Por Carolina Marín Bastías y Pedro Valenzuela Reyes |

Frente al escenario del proceso constituyente que estamos viviendo como chilenos, es necesario detenernos a mirar algunos aspectos relevantes que nos permitan ejercer nuestro derecho de ciudadanos de manera informada y preparada. Para ello, siempre es un buen ejercicio mirar otras experiencias similares, y en esta tarea, el pasado nos ayuda con los procesos históricos, tal como ocurre en la actualidad.
El pasado 25 de octubre se realizó el Plebiscito constitucional, obteniendo la opción “Apruebo” el más alto número de votos. Lo primero que debemos saber es qué entendemos por plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que emita su opinión sobre determinadas materias de tipo político o jurídico en un proceso electoral. Es decir, ya no se concurre a las urnas para elegir a nuestro representante político, sino que el país requiere de nuestra opinión para decidir sobre un tema en específico.
Una pregunta interesante que nos podemos hacer es ¿por qué se consulta al pueblo por un tema, si ya existen poderes del Estado a los que encargamos estas tareas? La principal respuesta es que el poder político busca legitimarse frente a una situación polémica, y por lo tanto busca que la ciudadanía decida por él. Hay consultas vinculantes y otras que no, es decir, en algunos casos el resultado de las votaciones es mandato a seguir, y en otros casos solo es para saber la opinión de la sociedad sin esta sea acatada.
El plebiscito de este año no ha sido el primero que vive nuestro país. Desde los inicios de la República, la ciudadanía se ha expresado por medio de su voto ante situaciones de tipo político o legislativo. Chile ha tenido 9 procesos de consulta pública, de los cuales 5 han sido para decidir por una Constitución. El primero de estos fue en 1812, cuando Bernardo O´Higgins solicitó ratificar el primer Reglamento constitucional provisorio: en esa ocasión votaron alrededor de 150 personas, quienes fueron exclusivamente vecinos de Santiago. Se consultó también en 1817 por el Acta de Independencia, ocasión en que se aprobó y finalmente fue firmada en 1818.
Durante la dictadura cívico-militar -1973-1990- se realizaron 4 plebiscitos con el fin de justificar sus acciones, por ello es que se consultó sobre el apoyo al régimen, la Constitución que redactaron, el fin a la dictadura en 1988 y una reforma constitucional en 1989. Uno de los más recordados por los chilenos, es la consulta de 1988, que debía decidir entre la continuidad de Augusto Pinochet en el poder hasta 1997 o si convocar a elecciones presidenciales para elegir a un nuevo mandatario.
Mirando nuestro pasado frente a las experiencias con los plebiscitos, nos hace pensar que en periodos políticos de crisis, el poder vuelve al pueblo, y este es quien debe tomar decisiones para velar por el bien común. Frente a lo ocurrido hace un año, con el llamado “estallido social”, la clase política delegó sus funciones a la ciudadanía y por este motivo es que en las urnas el día 25 de octubre decidieron si rechazar o aprobar la redacción de la carta magna, ganando la última opción.
La siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿por qué el resultado del estallido social fue organizar un plebiscito para cambiar o mantener la actual Constitución? Esto se puede explicar a grandes rasgos porque el malestar social que generó la crisis de octubre pasado ocurrió debido a que la ciudadanía sentía que la mayor parte de los problemas e injusticias que el país sufría constantemente, estaban amparados bajo las normativas establecidas en la Constitución Política de 1980.
CONSTITUCIONES A LO LARGO DE LA HISTORIA
Una de las cuestiones que más se ha discutido dentro del periodo actual, ya cercano a cumplir un año, es la necesidad de modificar la Constitución. Para asumir una postura, primero hay que saber qué es lo que se pretende cambiar o mantener. Por eso es se dice que “una Constitución es la norma que rige a todas las otras leyes, establece las principales instituciones del país, determina cómo se van a relacionar los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- con las personas, así como definir los derechos y deberes que tenemos todos los individuos que habitamos este país”. Ninguna Ley ni los Códigos que existen -civil, penal, de aguas, de trabajo- pueden contradecir lo que se indica en la Constitución.
Se dice además que una constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la sociedad, por lo que los pueblos democráticos pueden generar nuevas instituciones, si estiman que estas ya no reflejan sus principios y creencias. Es por esta razón que en nuestro país han existido varias constituciones. Las tres más importantes que han sido la de los años 1833, 1925 y 1980. La primera de estas se redactó tras el triunfo de los conservadores en la Batalla de Lircay -luego de una guerra civil- en 1831 e ideada bajo los lineamientos del ministro Diego Portales. Le dio a Chile su caracter unitario, dividió los poderes del Estado, se dio más autoridad al presidente que a los parlamentarios y reconoció la religión católica como la oficial. Desde 1860 en adelante se reformó entregando gradualmente más poder al Congreso, hasta que poco a poco se instauró un régimen de tipo parlamentarista.
La Constitución de 1833 fue reemplazada en 1925, cuando Arturo Alessandri Palma puso fin al sistema parlamentario y devolvió las atribuciones al Presidente de la República. Se caracterizó por separar la Iglesia del Estado e instaurar el rol social del Estado. Esto significó que se protegía el derecho al trabajo, a la industria y se aseguraba constitucionalmente la protección social. Esta Constitución rigió hasta el golpe de Estado en 1973, donde se comenzó a gestar una nueva normativa que se decretó a partir de 1980.
La Constitución de 1980 es la que actualmente nos rige y sus principales rasgos fueron que determinó como “democracia protegida” a la dictadura de la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet. Además, estableció la figura de senadores vitalicios, la capacidad del Presidente de disolver por una vez la Cámara de Diputados, dejó fuera de la ley a organizaciones, movimientos o partidos que promovieran o difundieran ideas comunistas o marxistas y se consagró el Estado subsidiario, es decir, su única función es garantizar el acceso a los servicios básicos ya sea por medios públicos o privados. La mayoría de estas fueron modificadas o derogadas con el tiempo.
El año 2005, se hicieron 54 reformas a la Constitución, lo que modificó el texto fundamental, resultando en que la nueva carta ya no esté firmada por Pinochet, sino por el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos. Desde ese año hasta el 2017 se siguieron realizando reformas para modificarla, aunque el aspecto económico se mantiene del original.

EL PROCESO QUE VIENE
En 2019, se promulgó la ley denominada “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” que inicia un nuevo proceso constituyente, con un plebiscito para decidir si mantener o cambiar la actual Constitución y quienes estarán a cargo de su diseño, además de una posterior consulta para aprobar o rechazar dicha propuesta. El resultado de la primera consulta ya es conocido: apruebo.
Ante esta instancia que estamos viviendo surge la interrogante ¿Qué puede cambiar con una nueva Constitución? El tener la posibilidad de redactar una nueva constitución, podría garantizar más derechos a todos los miembros de la nación, como por ejemplo la participación ciudadana más amplia; nuestra carta fundamental no contempla mecanismos como plebiscitos -para el proceso actual hubo que hacer una reforma constitucional, discutida ampliamente en el Congreso- o la iniciativa popular de ley -tanto así, que en muchos temas, solo el presidente puede ingresar proyectos de ley, ni siquiera diputados y senadores-.
Por otra parte, podrían incluirse derechos esenciales del bienestar social, como tener trabajo y vivienda, o asegurar la protección social en aspectos de vejez, enfermedad, invalidez, maternidad, desempleo, fallecimientos entre otros, pero que no constituyan un negocio, sino una garantía para todos.
En esta misma línea podría sumarse, en la nueva Constitución, un anhelo para miles de chilenos como es el derecho al agua que hoy está en manos de privados. Llevamos varios años sequía, donde existen comunas como Cabildo o Petorca -en el norte del país- donde la gente debe sobrevivir con menos de 50 litros diarios de agua, entregados por camiones aljibes, mientras que en los sectores agrícolas y ganaderos de los campos de nuestra provincia cada año aumenta el déficit de riego debido a la escasez de agua.
Es necesario dejar en claro que todas las opciones aquí presentadas, no van a cambiar instantáneamente, ni serán aprobadas sin más, pero la instauración de una Convenció Constitucional -como se decidió el 25 de octubre-, nos otorga la posibilidad como país de poner estos temas en la palestra y discutir acerca del futuro que queremos para Chile, también como habitantes de Punilla se abre la posibilidad de pensar en nuestro propio futuro. De ahí que sea sumamente importante participar en este proceso, votando e informándose rigurosamente de las propuestas que cada uno de los candidatos a constituyente plantea.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LA CAPITAL DE PUNILLA
La posibilidad de acudir a las urnas el 25 de octubre significó, más allá de manifestar nuestra opinión, ser parte de un acontecimiento histórico de nuestro país. Por el votar en el proceso constituyente actual marca un hito. Los datos históricos de la participación electoral en nuestra zona nos pueden mostrar interesantes aspectos de cómo se desarrollaron otras instancias similares.
En el plebiscito de 1989, es posible evidenciar una amplia participación de los ciudadanos en San Carlos. 29.384 personas participaron, otorgándole una mayoría de 15.791 votos -56,07%- a la opción “Sí”, que significaba prolongar la dictadura por 8 años más con Pinochet al mando, frente a los 12.908 -43,93%- votos que favorecían a la opción “No”, que implicaba el llamado a elecciones al año siguiente y el fin del régimen para el año 1990.
A pesar de que en estas votaciones, los sancarlinos decidieron mayoritariamente mantener la dictadura, en el momento de las primeras elecciones desde el retorno a la democracia, la comuna -28.191 votantes- decidió no darle continuidad al proyecto político-económico encarnado en Hernán Büchi (UDI) y Francisco Javier Errázuriz (UCC), apoyando al candidato de la Concertación Patricio Aylwin (DC), quien obtuvo 15.048 votos, es decir un 53,38%, en contraste con su más cercano competidor Büchi, quien tan solo obtuvo 8.370 votos, o sea un 29,69%.
Desde que la inscripción electoral es automática y el voto es voluntario -2012-, las cifras de participación en la capital de Punilla se han mantenido estáticas e incluso han bajado. Si bien en las votaciones de 1988 y 1989 el voto era obligatorio, prácticamente la totalidad de los inscritos participaban del proceso electoral -en esa época, alrededor de 30 mil personas-. En la actualidad, y tomando en cuenta la última elección presidencial, podemos notar que la participación en los comicios, son incluso menores a los que existían a principios de los años 90′. Según las cifras entregadas por el Servicio Electoral, de un total de 46.396 sancarlinos habilitados para sufragar en 2017, tan solo participaron de la última elección presidencial 23.179 personas -49,96% del padrón electoral-, dándole la mayoría a Sebastián Piñera -64,4% a nivel local-.
Lo mismo ocurrió en las elecciones municipales, donde la concurrencia a sufragar fue incluso menor. De un total de 45.668 inscritos, solo asistió el 41,75% de los votantes, como consecuencia, continuó el periodo de Hugo Gebríe (RN), que fue electo con un 56% de los votos y ha sido destituido por faltas a la probidad y abandono de deberes, como sentenció el Tribunal Electoral del Biobío.
Todos estos ejemplos dan cuenta de lo importante que es participar de los procesos electorales, de manera informada y meditada, ya que cada voto es fundamental para decidir el futuro que queremos para nuestra comuna, región y país.