Por Elías Meza Falcón |
El pasado 9 de octubre, cinco concejales de la comuna de Ñiquén dieron a conocer que presentaron un requerimiento de destitución para remover al alcalde de esa comuna, Manuel Pino Turra (UDI), ante el Tribunal Electoral Regional de Ñuble, que es el organismo competente para destituir, sancionar o resolver casos como éste. Los ediles presentaron un compendio de siete cargos en donde, postulan, existió notable abandono de deberes y faltas a la probidad.
La situación, similar a la presentada en 2018 al TER Biobío por tres concejales de San Carlos que llevó a la destitución del ex alcalde Hugo Gebríe (RN), busca que Manuel Pino sea removido de su cargo y no se le permita ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años.
Fueron los concejales John Sepúlveda (RN), Alex Valenzuela (RN), José Mercado (DC), Domingo Garrido (PPD) y Pablo Jiménez (PS) quienes, como lo establece la legalidad vigente, debieron contratar un abogado para presentar el requerimiento. El concejal Álvaro Jeldrez, del mismo partido que el alcalde Pino, no se sumó a esta iniciativa particular ejecutada por sus pares.
Según señalan los miembros del Concejo Municipal de Ñiquén, el alcalde Pino viene incurriendo en estas faltas desde hace meses y años; ellos se las han señalado e incluso han habido oficios desde la Contraloría General de la República. Dentro de los siete cargos que se le atribuyen está el no pago de cotizaciones a funcionarios de la educación, omitir o eludir una propuesta de proyecto de Agua Potable Rural, despidos injustificados, no respetar dictámenes de la Contraloría, no entregar recursos al Fondo Común Municipal, irregularidades en el orden financiero de cuentas corrientes, presupuesto municipal y servicios traspasados, y la autorización para que personal no habilitado a manejar un vehículo municipal, el cual se siniestró con resultado de muerte.
“Hay cosas que se arrastran desde el periodo anterior de su administración, como el caso del despido de una profesional que estaba con su fuero maternal, cuando la Contraloría ordenó restituirla de sus funciones, lo que no fue acatado; él siguió adelante con el despido, luego hubo que pagarle una indemnización de más de treinta millones de pesos, y al alcalde y al administrador municipal se les sancionó con el descuento de un 5% de su sueldo durante un mes, lo que no fue acatado”, declara a La Fontana el concejal socialista Pablo Jiménez. El edil ñiquenino prosigue: “este año 2020 nos llegó un informe de Contraloría, el que no se nos entregó y luego, este año, nos enviaron otra vez el informe preguntando el por qué no nos pronunciamos respecto al primer informe que se nos había enviado, cuando la realidad es que a ningún concejal se le hizo entrega de ello. Nosotros habíamos dado por superado el tema, asumiendo que había pagado esa multa del 5% del sueldo suyo y del administrador, pero finalmente no se hizo y la Contraloría nos pide a nosotros (los concejales) pronunciarnos. Los seis concejales nos pronunciamos en que debía pagar lo que la Contraloría le había indicado y cinco concejales estuvimos de acuerdo en iniciar este proceso paralelo y entregar toda la documentación de éste y otros casos al Tribunal Electoral en Chillán”.
En redes sociales, donde parte de las autoridades comunales han dado a conocer el requerimiento y sus causas, ha existido apoyo pero también críticas a la tardanza de la medida. La Fontana consultó a los ediles sobre esto. El concejal de Renovación Nacional, John Sepúlveda, señaló que “en mi caso, el pertenecer a una coalición política (Chile Vamos) no es impedimento para poder denunciar estas irregularidades que son evidentes. A mi me duele decirlo, pero es así. Cuando la gente salió a la calle pidió transparencia en la política, y yo hago lo que a mi me corresponde en mi cargo como concejal. Aquí estamos cumpliendo nuestras funciones, para la cual nos pagan. Cada vez que uno observa una irregularidad debe hacerla saber, primero ante el Concejo pleno y luego tomar cartas en el asunto”.
Bajo la misma línea, Pablo Jiménez señaló que “en los diez años que llevo como concejal, nunca he sido partidario de acusar a alguien al TER, pero aquí se fueron acumulando cosas tanto así que la Contraloría nos exigió a nosotros en el tema; eso dio pie a la acusación. Aquí no hubo temas políticos, ni se están buscando votos. Además, es muy difícil que este caso llegue a su fin antes de las elecciones. Ahora, si este proceso lo hubieramos hecho al inicio del periodo del alcalde la gente diría que ’lo quieren destituir por secretaría’, porque nunca es momento oportuno. Pero no es la intención andar figurando políticamente; aquí queremos que el municipio enderece su accionar”.
La Fontana contactó al alcalde Manuel Pino mediante el departamento de comunicaciones municipal, pero no hubo declaraciones ya que las hará “una vez notificado del requerimiento”.
