Dos diputadas de oposición anunciaron, este martes 30 de abril, una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Se trata de las parlamentarias Sara Concha, de la Región de Ñuble, y Francesca Muñoz, del Biobío.
La legisladora ñublensina, que milita en el Partido Social Cristiano, aseveró que el ministerio ha «infringido la Constitución y las leyes», esto tras la entrega de un instructivo para tratar temáticas sexo-afectivas en educación preescolar.
El libro es un documento en PDF al que es posible acceder mediante la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación (puedes leerlo acá). Contiene una serie de definiciones, explicaciones, reflexiones y sugerencias de ejercicios acompañados de material audivisual.
Según el MINEDUC, el texto busca «incluir a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno». Las diputadas sostienen que el organismo ignoró «el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos».
«Tenemos testimonios»
«Tenemos todos los antecedentes y testimonios que acompañan a esta acusación constitucional, ya que el ministro debe velar por dar especial protección al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos«, añadió la diputada.
Mismo énfasis puso su par del Biobío, Francesca Muñoz. «Tenemos los antecedentes y los testimonios de padres que se sienten vulnerados en su derecho preferente a educar a sus hijos, ya que esta ideología de género está confundiendo la identidad sexual de los niños».
El Ministerio de Educación, sostiene -a través de su Unidad de Inclusión– que el organismo promueve y resguarda «el derecho a la participación de las comunidades educativas y el enfoque inclusivo hacia los grupos históricamente excluidos«.
A nivel jurídico, ambas parlamentarias argumentaron que el ministro Ávila «se ha volcado casi exclusivamente a impulsar e imponer una agenda ideológica en los establecimientos educaciones a lo largo del país». Eso, sostienen, es infringir la Constitución.
«El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (…) es un derecho fundamental y al cual el Estado debe dar protección», añadieron las legisladoras.
La respuesta del ministro
Durante la misma jornada, el secretario de Estado declaró estar «disponible a responder todas las interrogantes» respecto al tema. Además, Ávila añadió que su «preocupación es la reactivación educativa».
Parte de eso, argumentó, «es enfrentar las condiciones de violencia, de bienestar, de acogida que se necesitan para todos los centros educativos», según publicó BioBioChile.
