En un fallo unánime, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Anita María Pinochet, de los cargos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La decisión, según publicó Emol, marca el final de un proceso judicial que se extendió por casi un año y enfrentó a destacadas figuras del ámbito militar y judicial.
La acusación
El veredicto representa una derrota significativa para la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que habían solicitado penas de 15 y 10 años de cárcel respectivamente para Fuente-Alba y Pinochet.
La Fiscalía acusaba a la pareja de desviar más de $2.900 millones entre 2010 y 2016, fondos -según la imputación- destinados a enriquecimiento personal.
Evidencia insuficiente
La jueza Carolina Escandón indicó que los informes de los peritos financieros resultaron insuficientes para corroborar las acusaciones, concluyendo que no se había probado fehacientemente que los acusados hubieran cometido los delitos de lavado de activos.
Según el tribunal, la evidencia presentada alcanzó solamente para suscitar sospechas, pero no para confirmar delitos consumados.
El proceso inició el 22 de junio de 2023, y desde entonces ha estado marcado por la contención y el amplio seguimiento mediático, culminando con la lectura de la sentencia programada para el próximo 5 de agosto.
En esta próxima audiencia, se determinará si la Fiscalía o el Consejo de Defensa del Estado deberán pagar las costas del juicio.
«No he cometido ningún delito»
Durante su última aparición antes del tribunal, Fuente-Alba defendió vehementemente su inocencia, declarando: «no he cometido ningún delito. Nunca he usado un peso del Ejército para mi patrimonio«. Estas palabras resumen la posición mantenida por la defensa durante todo el litigio, enfatizando la ausencia de pruebas concretas en su contra.
El resultado de este juicio no solo absuelve a los implicados sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión de evidencia por parte de las autoridades acusadoras, y pone de manifiesto las dificultades inherentes a la persecución de delitos financieros complejos en el ámbito público.
