Impulsado por el Gobierno

Acuerdo con la CUT: ingresan a tramitación proyecto que extiende el Bolsillo Familiar Electrónico

Además, reajusta los montos del Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar.
Ingresos. Fotografía de contexto: Banco Central de Chile.
Ingresos. Fotografía de contexto: Banco Central de Chile.

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El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, ingresó a tramitación un proyecto de ley, el que extiende la vigencia del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), reajusta los montos del Subsidio Único Familiar (SUF) e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

El ingreso de este proyecto de ley responde a los compromisos acordados con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco de la negociación anual.

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Propone un reajuste del 4,5% en los valores del SUF y la asignación familiar. También ajusta los tramos de ingresos para ampliar la base de beneficiarios.

Los beneficiarios del SUF, que consigan un empleo formal, mantendrán el mismo monto de asignación familiar que recibían antes de formalizar su empleo.

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El BFE se extenderá por tres meses más, específicamente en julio, agosto y septiembre. Este programa tuvo un uso cercano al 96% de los beneficiarios durante su implementación en 2023.

El proyecto también incluye una inyección de recursos al FEPP. Se destinarán US$ 25 millones al fondo hasta diciembre de 2024.

El objetivo es mantener el precio del kerosene doméstico en torno a $1.050 por litro. Según el Gobierno, estos fondos no afectarán el patrimonio neto del Estado ni generarán gasto fiscal.

Asimismo, la iniciativa contempla la duplicación extraordinaria del Aporte Familiar Permanente. También incrementa la Asignación Familiar y Maternal y el SUF para el 40% más vulnerable de la población.

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Los nuevos montos se establecen de la siguiente manera: $21.243 por carga para beneficiarios con ingresos mensuales hasta $586.227, $13.036 por carga para ingresos entre $586.227 y $856.247, y $4.119 por carga para ingresos entre $856.247 y $1.335.450.

Estas medidas sociales suponen un costo fiscal de $131.723 millones el primer año. El ministro Marcel destacó que “nos estamos haciendo cargo de las necesidades de las familias en los momentos más difíciles, como es en el período de invierno, de la mejor manera posible manteniendo la responsabilidad fiscal”.

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