Una mujer de nacionalidad extranjera fue detenida en San Carlos (Región de Ñuble) por amenazas en contra de la dueña de la vivienda que arrendaba, luego de que esta le exigiera el pago de los gastos comunes del condominio en el que residían ambas.
Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron la detención en flagrancia, tras recibir la denuncia y revisar el material probatorio proporcionado por la víctima.
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El subprefecto Mauricio Negrete Rojas, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Carlos, detalló que la denuncia fue presentada directamente en el cuartel de la PDI, donde la víctima mostró un audio enviado por la arrendataria a través de WhatsApp, en el que manifestaba su intención de atacarla con un arma cortante, apuntando específicamente al rostro.
“La víctima hace la denuncia en el cuartel de esta PDI, haciendo presente un audio que la imputada envía por WhatsApp, donde le señala que la atacará con arma cortante, principalmente en el rostro”, informó Negrete.
El origen de la disputa fue el cobro de los gastos comunes del condominio, concepto que cubre los costos compartidos por los residentes en servicios y mantención de espacios comunes. Ante el requerimiento de pago, la arrendataria respondió con amenazas de agresión física, lo que constituye el delito de amenazas, tipificado en el Código Penal.
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El delito
Este tipo de delito, según la ley, se configura cuando una persona expresa la intención de causar daño a otra, y puede ser sancionado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso.
La detención de la imputada fue efectuada bajo la figura de flagrancia, que permite la acción inmediata de las autoridades sin la necesidad de una orden judicial, cuando el delito se está cometiendo o acaba de ser cometido.
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Posteriormente, el Ministerio Público instruyó que la detenida fuera puesta a disposición del Juzgado de Garantía de San Carlos para su control de detención, instancia en la que se determinará la legalidad del arresto y las posibles medidas cautelares a aplicar.
La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para esclarecer todos los detalles del caso, mientras el proceso judicial sigue su curso.
