El pasado miércoles, 25 de septiembre, se realizó la audiencia que analizó la solicitud de desafuero que pidió la Fiscalía para el actual Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS).
Al finalizar la cita, en la Corte de Apelaciones de Chillán, los abogados defensores del gobernador, Enrique Aldunate y Gumercindo Quezada, dieron a conocer sus cuestionamientos al proceso judicial -los que fueron difundidos en una declaración pública.
“La investigación no ha logrado acreditar nada de lo que originalmente se imputó a Óscar Crisóstomo”, sostiene el documento, que apunta a la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía tras más de tres años de investigación.
Según la defensa, la mayor parte de los delitos que se imputaban originalmente fueron desestimados por el propio Ministerio Público por carecer de sustento. “La Fiscalía desestimó la mayor parte de los supuestos delitos, evidenciando la falsedad de las acusaciones”, agrega la declaración.
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La acusación
La Fiscalía acusa a Crisóstomo de haber recibido 22 millones de pesos en 2019, a cambio de favorecer a una empresa constructora en un proyecto de viviendas rurales. Sin embargo, los defensores subrayan que los hechos que involucran al gobernador y a su familia han sido descartados.
“El propio Ministerio Público no se refirió a ellos en la solicitud de desafuero”, afirmaron, añadiendo que lo que la Fiscalía ha presentado como corrupción es, en realidad, “el ejercicio libre de la profesión”.
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Desafuero ocurriría en plena campaña
Además, la defensa sugiere que la reactivación de esta causa tiene fines políticos, dado que coincide con un periodo electoral. “Es muy llamativo el tiempo en el que se reactiva esta causa”, señala el documento, sugiriendo que las acciones estarían motivadas por intereses externos al proceso judicial.
El próximo 15 de octubre, la Corte de Apelaciones de Chillán dará a conocer su fallo, el cual definirá si se procede con el desafuero y la formalización de Óscar Crisóstomo, lo que podría abrir la puerta a medidas cautelares.
