El martes 15 de octubre, la Corte de Apelaciones de Chillán decidirá si acepta la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía contra el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo Llanos, quien está siendo investigado por el delito de cohecho pasivo entre particulares.
El desafuero permitiría a la Fiscalía formalizar la investigación en su contra y solicitar medidas cautelares personales. La indagatoria es encabezada por el Fiscal de Chillán, Sergio Pérez.
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Según la investigación, Crisóstomo habría recibido 22 millones 950 mil pesos en mayo de 2019, antes de asumir su cargo actual, a cambio de favorecer a una empresa constructora en un proyecto de viviendas rurales, en perjuicio de otros oferentes y de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales.
El cohecho pasivo, de acuerdo con el Código Penal, ocurre cuando una persona acepta un pago o beneficio para tomar una decisión que afecta su rol o la función que desempeña.
En este caso, la Fiscalía señala que Crisóstomo aceptó el dinero para que una empresa constructora específica se adjudicara el proyecto de construcción de viviendas en las comunas de Cobquecura y San Fabián, afectando el proceso de licitación y los intereses de los beneficiarios.
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«Se da cuenta de un delito de corrupción»
El abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto Donoso, declaró que «estos alegatos dan cuenta de un delito de corrupción entre particulares que había cometido el gobernador antes de ocupar este cargo».
Asimismo, indicó que la situación investigada ocurrió en el contexto de la gestión de subsidios habitacionales destinados a la construcción de viviendas para personas de sectores rurales.
La decisión de la Corte es clave para que la Fiscalía pueda avanzar en la causa. En caso de ser aceptado el desafuero, se permitiría la formalización del gobernador y la solicitud de medidas cautelares como prisión preventiva o arresto domiciliario.
De no aprobarse, la causa podría ser sobreseída, lo que significaría el cierre del caso sin posibilidad de continuar el proceso judicial.
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Hay otro imputado, pero con identidad reservada
Además de Crisóstomo, la Fiscalía ha señalado que existe un coimputado en esta investigación, cuya identidad no ha sido revelada. Este también será formalizado en relación con los mismos hechos.
Por otro lado, se ha presentado una querella por parte de un particular contra Crisóstomo y otras personas, la cual incluye hechos adicionales que no forman parte de la solicitud actual de desafuero, pero que también están bajo investigación.
La Corte de Apelaciones de Chillán dará a conocer su fallo recién el martes 15 de octubre, lo que definirá el futuro del proceso judicial en contra de la máxima autoridad de la región.
