La Corte de Apelaciones de Chillán (Región de Ñuble) acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa de un hombre, imputado por el delito de robo con fuerza en lugar habitado, y ordenó la realización de un nuevo juicio.
La anulación se produjo luego de que el tribunal considerara que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán no fundamentó adecuadamente las pruebas presentadas. El hecho habría ocurrido en enero de este año, en la comuna de Chillán, y el fallo original fue dictado en agosto de 2024.
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El fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, compuesta por los ministros Guillermo Arcos, Paulina Gallardo y el abogado Juan Fabián Huepe, determinó que las pruebas presentadas, especialmente las fotografías del portón que supuestamente había sido forzado, eran de “muy mala calidad”.
Según el tribunal, esto impedía verificar si el portón fue violentado para ingresar al lugar del delito. No obstante, en la sentencia original se dio por acreditada la fuerza, un requisito fundamental para configurar el delito de robo con fuerza en lugar habitado, que se define como el uso de fuerza para acceder a una vivienda y sustraer bienes, según el Código Penal chileno.
En su fallo, la Corte de Apelaciones criticó la falta de claridad en las pruebas y las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, indicando que “los sentenciadores no expresaron en el fallo las razones que le permitan arribar a la conclusión que el portón se encontraba forzado e inhabilitado para funcionar”.
Además, se destacó que la declaración de la víctima no coincidía con la del funcionario de Carabineros, lo que generaba dudas sobre la validez de las pruebas presentadas.
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Lo que sostiene su defensor
El defensor del imputado, el Defensor Penal Público Antonio Guerra Sepúlveda, argumentó durante el proceso que no existían pruebas suficientes para acreditar el uso de fuerza en las cosas, lo que fue acogido por la Corte.
Según la resolución, “la afirmación de los sentenciadores en cuanto a dar por acreditada la fuerza para configurar el tipo penal por el cual fue condenado el acusado, carece de la correspondiente fundamentación”.
El nuevo juicio será realizado por jueces no inhabilitados, y en él se examinarán nuevamente las pruebas y los testimonios presentados. La Corte de Apelaciones resolvió que este nuevo proceso deberá llevarse a cabo sin costos adicionales para las partes involucradas.
