Un total de tres internos del Centro de Detención Preventiva de San Carlos (Región de Ñuble) obtuvieron la libertad condicional tras la revisión de 125 solicitudes.
La evaluación fue realizada por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán el jueves 10 de octubre, donde se revisaron los antecedentes de los postulantes de diversas unidades penales de la región.
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El otorgamiento del beneficio se rige por el Decreto Ley 321, que fue modificado en 2019 por la Ley 21.124. Esta normativa establece requisitos como haber cumplido al menos la mitad de la condena, dos tercios en casos de delitos graves, tener buena conducta dentro del penal y contar con un informe psicosocial elaborado por Gendarmería.
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La comisión que otorgó las libertades estuvo integrada por la ministra (s) de la Corte de Apelaciones de Chillán, Roxana Salgado Salamé, junto a los jueces Claudia Montero Céspedes, Olga Fuentes Ponce, y los magistrados Claudia Madsen Venegas y Carlos Benavente García.
El ministro Gabriel Hernández fue el encargado de registrar los detalles del proceso como ministro de fe.
Nuevas exigencias para obtener la libertad condicional
Una reciente modificación legal, la Ley 21.627, que entró en vigencia en noviembre de 2023, ha introducido nuevas exigencias en el proceso de libertad condicional.
Ahora, Gendarmería debe comunicar al tribunal correspondiente las postulaciones de los reos. Además, las víctimas tienen derecho a ser notificadas y pueden presentar sus alegaciones por escrito ante la comisión.
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Había 125 solicitudes a nivel regional
“La comisión debe detallar si los postulantes cumplen con los requisitos”, afirmó la ministra Roxana Salgado durante la revisión. La ministra (s) también mencionó que en casos de delitos graves o reincidencia, las víctimas pueden ser escuchadas en audiencia si lo solicitan.
De las 125 solicitudes presentadas, solo tres fueron aceptadas. Este proceso busca garantizar que los internos que reciben el beneficio tengan posibilidades reales de reinserción en la sociedad, cumpliendo con las condiciones impuestas por la ley y evaluando los factores de riesgo señalados en los informes de Gendarmería.
