«Estando acreditado en autos que la actora padeció privación total de libertad por un día, tiempo durante el cual fue víctima de amenazas y obligada a presenciar malos tratos«.
Con estas palabras, la Corte de Apelaciones de Chillán (Región de Ñuble) confirmó la sentencia que obliga al fisco a pagar una indemnización de $20 millones una mujer detenida en 1973 por militares tras el golpe de Estado.
La resolución fue emitida en agosto de 2023 por el Segundo Juzgado Civil de Chillán y ratificada por la Corte.
La mujer, estudiante de la Universidad del Bío Bío al momento de los hechos, estuvo detenida en el Regimiento de Chillán durante un día. En ese tiempo, fue sometida a apremios ilegítimos y amenazas, además de presenciar malos tratos hacia miembros de su familia y otros detenidos.
Según el fallo, la privación de libertad y las amenazas provocaron un daño emocional profundo, afectando gravemente su vida académica y su bienestar.
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La persecución contra la afectada continuó hasta 1977, lo que le impidió retomar sus estudios universitarios.
El fallo se fundamenta en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a recibir una compensación, y en el artículo 2314 del Código Civil, que obliga a indemnizar a quien sufra daño por responsabilidad de otro.
“La privación de libertad y los malos tratos recibidos provocaron un daño emocional significativo”, señala la sentencia. El tribunal concluyó que el impacto psicológico sufrido por la mujer tuvo efectos prolongados en su vida, afectando tanto su dignidad como sus expectativas académicas.
Persecución y fallo judicial
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, integrada por el ministro Guillermo Arcos, la ministra Érica Pezoa y el abogado integrante Juan Pablo Ortega, determinó que los hechos vividos dejaron un «recuerdo amargo y doloroso» en la víctima, afectando su bienestar emocional de manera duradera.
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La persecución contra la afectada, que continuó por varios años, provocó un deterioro en su estabilidad emocional. Durante su detención en el Regimiento de Chillán, sufrió no solo amenazas, sino también una vulneración de sus derechos humanos fundamentales, lo que agravó su condición psicológica a lo largo del tiempo.
Además, el tribunal consideró que los hechos constituyen una violación grave a los derechos que, según el Código Civil, deben ser compensados por el fisco a través de una indemnización económica que repare, al menos en parte, el daño causado.
