El exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán por tres delitos de negociación incompatible.
El veredicto fue dado a conocer este viernes, 29 de noviembre, y los delitos figuran en el artículo 240 del Código Penal. La sentencia que detallará la pena a la que será condenado, eso sí, se leerá el lunes 9 de diciembre.
La Fiscalía demostró que, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, Vallejos utilizó su cargo para autorizar contrataciones públicas que beneficiaron a familiares directos.
Lee también: PDI incauta armas en “posesión irregular” en Yungay: su dueño falleció en 2023
Los hechos
El primer decreto, firmado el 30 de diciembre de 2019, aprobó un contrato por $6,5 millones destinado al arriendo de camiones aljibes.
Posteriormente, el 12 de marzo de 2020, se autorizó otra contratación por $8,9 millones para el mismo objetivo. Ambas acciones estaban orientadas a atender la escasez hídrica que afectaba a la región.
El último decreto, del 24 de abril de 2020, consistió en la contratación de un camión pluma por $1,9 millones. Este vehículo debía apoyar en el retiro de contenedores sanitarios instalados como parte de las medidas frente a la pandemia.
Según la investigación, los vehículos contratados estaban relacionados con familiares de Vallejos, quienes recurrieron a ventas simuladas para ocultar la propiedad.
Relacionado: Camioneta robada en Temuco apareció en Chillán con más de 100 miguelitos
Contratos a familiares
La fiscal a cargo del caso, Nadia Espinoza, explicó que «las investigaciones demostraron que los camiones contratados estaban relacionados con sus familiares, quienes recurrieron a arriendos y ventas simuladas para ocultar la propiedad de los vehículos».
Además, detalló que los beneficiados fueron el hermano del condenado, Fernando Vallejos Palacios, y sus sobrinos, Fernando y Eduardo Vallejos Guiñez. Por otro lado, Ricardo Vallejos enfrenta otro proceso judicial por cohecho, relacionado con el caso Luminarias LED.
Este delito, investigado por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, sanciona a funcionarios que aceptan beneficios indebidos a cambio de realizar actos propios de su cargo, según el artículo 248 del Código Penal.
La sentencia por los delitos de negociación incompatible será comunicada el próximo 9 de enero a las 13:00 horas. Este caso involucra recursos públicos destinados a emergencias como la sequía y la pandemia, y evidencia los riesgos asociados a la gestión indebida de fondos estatales.
