La Contraloría General de la República confirmó irregularidades en la asignación de subsidios habitacionales y un presunto delito de cohecho en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Ñuble.
Así lo publicó el área de investigación de Meganoticias. En aquel entonces, año 2017, la oficina era una delegación del SERVIU Biobío.
El caso involucra al gobernador regional, Óscar Crisóstomo, su gestión como delegado provincial del SERVIU Ñuble, su relación con la Inmobiliaria Pullay y un funcionario público.
El informe fue remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Forma parte ahora del expediente investigativo de la Fiscalía, organismo que en octubre pidió fallidamente el desafuero de la autoridad.
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Informe detalla beneficio a familiares
Según publicó Meganoticias, el documento de la Contraloría detalla que tres familiares del gobernador —su padre, su hermano y su tía paterna— accedieron a subsidios habitacionales incumpliendo los requisitos legales.
Su hermano, integrante de la mesa directiva del Partido Socialista en Ñuble, recibió un beneficio de 413 UF. Según la investigación, no estaba registrado en el Registro Social de Hogares (RSH), un requisito esencial para obtener el subsidio.
En otro caso, su tía paterna obtuvo un subsidio de 1.053 UF, pese a que su calificación económica en el RSH superaba el límite permitido.
Además, su padre accedió a un beneficio habitacional a pesar de que su cónyuge (la madre del gobernador) ya era propietaria de una vivienda, condición que lo inhabilitaba según la normativa vigente. El informe también indica que este beneficio sigue asignado, pero no ha sido pagado.
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¿Qué hizo el SERVIU tras conocer los hechos?
El SERVIU Ñuble, en 2020, sobreseyó los sumarios administrativos relacionados, argumentando que el sistema no alertó sobre estas irregularidades. Sin embargo, la Contraloría criticó la falta de medidas del organismo para verificar el cumplimiento de los requisitos.
“Correspondía al servicio (SERVIU) adoptar las medidas necesarias para asegurar que el postulante cumplía con lo establecido en la normativa que regula la materia, independientemente de las deficiencias de control del sistema”, señala el informe.
Posible delito de cohecho
El informe también aborda un posible delito de cohecho, contemplado en el Código Penal, relacionado con el funcionario del SERVIU Ñuble, César Cuadra de la Parra. Entre 2018 y 2020, Cuadra elaboró proyectos sanitarios para la Inmobiliaria Pullay mientras ocupaba su cargo público.
Este trabajo coincidió con sus funciones en el SERVIU, donde debía recibir y constatar los informes sanitarios presentados por la inmobiliaria. Según el informe, Cuadra intercambió comunicaciones con Crisóstomo sobre postulaciones a subsidios y documentos sanitarios.
Chats obtenidos por la investigación muestran una estrecha coordinación entre ambas partes. En una conversación de diciembre de 2018, Cuadra envió documentos a Crisóstomo para su impresión, lo que confirma su participación activa en las operaciones de la inmobiliaria mientras era funcionario público.
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Defensa de las partes involucradas
Cuadra explicó que colaboró con Pullay “por amistad y sin pago a cambio”. No obstante, la Contraloría presentó conversaciones que evidencian una coordinación directa entre el funcionario y el gobernador, incluyendo el envío de documentos para impresión.
El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, rechazó las conclusiones de la Contraloría. Declaró que “las materias señaladas ya habían sido investigadas por la Fiscalía y sobreseídas en los sumarios instruidos por el SERVIU”.
También destacó que la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó unánimemente una solicitud de desafuero en su contra. En su respuesta, cuestionó el momento en que se presentó el informe, calificándolo de “destiempo”.
El abogado de Crisóstomo, Enrique Aldunate, enfrenta su propia investigación por la supuesta filtración de antecedentes en el conocido “Caso Audio”. El comunicado del gobernador no abordó si Aldunate sigue a cargo de su defensa.
Abogados valoraron informe contralor
Los abogados Juan Francisco Maibee y Juan Pablo González, quienes denunciaron los hechos en 2021, valoraron los resultados del informe.
“Nos parece muy positivo para el país el profesionalismo y los resultados obtenidos por el equipo de trabajo liderado por el Contralor Regional de Ñuble, don Mario Quezada Fonseca, toda vez que este informe da cuenta de los ilícitos que esta parte responsablemente ha denunciado a la autoridad competente el año 2021”, señaló González.
El SERVIU Ñuble anunció que seguirá las recomendaciones de la Contraloría e iniciará acciones disciplinarias. No obstante, no entregó explicaciones sobre por qué los sumarios previos concluyeron sin sanciones. En una declaración, indicó que “realizará todas las acciones señaladas en el referido informe e iniciará los procedimientos disciplinarios instruidos por el ente fiscalizador”.
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¿Y qué pasó con el desafuero?
En octubre de este año la Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de Chillán para pedir el desafuero de Crisóstomo (es decir, que pudiera ser declarado imputado pese a su cargo). Sin embargo, la Justicia rechazó la solicitud.
Por ello, el organismo recurrió a la Corte Suprema para apelar y lograr la acción en contra del gobernador de Ñuble. El proceso se encuentra suspendido debido a un requerimiento de inaplicabilidad ingresado por la defensa del gobernador en el Tribunal Constitucional.
