Un total de 23 personas fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones, tras una fiscalización que detectó que incumplían la normativa migratoria. El operativo se desarrolló en Chillán (Región de Ñuble) durante la última quincena de diciembre.
En total, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional fiscalizaron la situación migratoria de 76 extranjeros. De ahí salieron los 23 casos de migración irregular.
Entre las denuncias, 21 ingresaron al país por pasos no habilitados y 2 tenían permisos vencidos, informó el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Ñuble, subprefecto Víctor Morales Ramírez.
El operativo se llevó a cabo como parte del "Plan de Acción de Fiscalización Masiva mensual de Extranjeros". Según Morales, estas intervenciones son necesarias para detectar irregularidades en la migración y prevenir infracciones laborales.
“El objetivo principal es identificar las irregularidades migratorias y promover el cumplimiento de la normativa vigente”, señaló.
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Infracciones a Ley de Migraciones
El ingreso por pasos no habilitados es una infracción contemplada en la Ley de Migración y Extranjería. Las personas en esta situación enfrentan multas, procesos de regularización o expulsión administrativa, dependiendo de la evaluación del caso.
Por otro lado, la permanencia irregular ocurre cuando los extranjeros permanecen en el país más allá del tiempo autorizado en sus visas. Esto también está sujeto a sanciones administrativas, que incluyen desde multas hasta trámites de regularización.
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También fiscalizan que los trabajos sean legales
El procedimiento contó con el apoyo de varias unidades policiales regionales y abarcó diferentes sectores de Chillán. Las autoridades explicaron que, además de detectar irregularidades migratorias, se busca prevenir la contratación de trabajadores sin permisos de trabajo.
El subprefecto Morales destacó que los controles apuntan también a evitar vulneraciones en el ámbito laboral. “Se busca identificar contrataciones irregulares que puedan afectar los derechos fundamentales de los trabajadores”, afirmó.