El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Ñuble respaldó la formalización del imputado por el femicidio consumado de María José Ramírez Muñoz, joven de 23 años desaparecida en marzo en San Carlos (Región de Ñuble).
Según la directora regional del organismo, Nicol Ulloa, este avance fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el Servicio. “Se trata del primer caso a nivel nacional en el cual se formaliza por femicidio consumado sin hallazgo de cuerpo”, afirmó Ulloa.
La directora regional agregó que la decisión judicial se logró tras un análisis exhaustivo de pruebas y antecedentes que vinculan al acusado con la desaparición de la víctima.
Sin embargo, lamentó que no se decretara prisión preventiva para el imputado, medida que consideraban esencial por la gravedad del caso. Ulloa adelantó que apelarán el rechazo de la prisión preventiva, para que se resguarde la seguridad en el proceso judicial.
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Detalles del caso y las pruebas
La joven fue vista por última vez el 23 de marzo en un paradero camino a San Fabián. Según la Fiscalía, cámaras de seguridad captaron a la víctima subiendo a un vehículo conducido por el imputado cerca de su domicilio. Posteriormente, el acusado habría utilizado el teléfono de María José para enviar mensajes a su familia, simulando que seguía con vida.
Entre los elementos clave presentados por el Ministerio Público están los registros de geolocalización, que confirmaron la proximidad de los teléfonos de la víctima y el imputado durante el día de la desaparición. Además, se encontraron prendas de vestir en un vertedero cercano a la vivienda del acusado, las cuales fueron identificadas por familiares como pertenecientes a la joven. Estas pruebas han sido fundamentales para sustentar la formalización.
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Acompañamiento y apoyo a la familia
El SernamEG informó que ha brindado apoyo psicosocial y jurídico a la familia desde el inicio de la investigación. Ulloa explicó que “inmediatamente conocido el caso, nos pusimos a disposición de la familia para ofrecer el acompañamiento correspondiente, el que fue aceptado”. Este respaldo incluyó la presentación de una querella por femicidio consumado íntimo.
La dirección regional también gestionó reuniones con el Ministerio Público para solicitar el levantamiento de la reserva de la carpeta investigativa.
La funcionaria destacó que esta acción permitió “esclarecer la relación de la víctima con el acusado, quien fuera su expareja”. En paralelo, se asegurará protección para los dos hijos menores de la víctima, quienes recibirán una pensión de reparación conforme a la Ley 21.565.so
La investigación, que cuenta con un plazo de 90 días, continúa en curso. Uno de los principales desafíos sigue siendo encontrar localizar los restos mortales de la víctima, lo que permitiría avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.
Según detalló la PDI, se están utilizando herramientas científicas y tecnológicas para recolectar más pruebas, aunque la falta de este elemento representa una dificultad significativa.