Cuatro personas fueron detenidas conduciendo en estado de ebriedad por algunas rutas de la Región de Ñuble. Así lo informó Carabineros, policía que entre el viernes 31 de enero y el domingo 2 de febrero realizó un operativo a lo largo del territorio.
Además de las detenciones, se cursaron 30 infracciones al tránsito. Del total de infracciones, 29 fueron por exceso de velocidad y una por no uso del cinturón de seguridad.
Si bien no especificaron en qué sectores se realizaron los controles, la policía dijo que fue en zonas con alto flujo vehicular, en el contexto del denominado «recambio de veraneantes», período en el que aumenta la circulación en carreteras.
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El Prefecto (s) de Ñuble, Teniente Coronel José Luis Villegas, indicó que en la fiscalización se revisó la documentación de los conductores, el uso de sistemas de seguridad y la detección de velocidad.
“Nuestro personal verificó la documentación de los conductores y de los vehículos, el uso de los sistemas de seguridad, detección de velocidad y, además, aplicó exámenes alcotest para determinar el estado de los conductores”, explicó.
Además, se realizaron 1.817 controles vehiculares y 98 exámenes de alcotest. Según información oficial, estas cifras responden a la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa ante el aumento de vehículos en la zona.
Villegas afirmó que durante los días de control no se registraron siniestros viales de gravedad. “Debido a este despliegue, no registramos accidentes graves ni con resultados de consideración”, señaló.
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Normativa y sanciones para infractores
El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales, según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset). Circular sobre los límites permitidos aumenta la gravedad de los accidentes y reduce el tiempo de reacción ante imprevistos.
De acuerdo con la Ley de Tránsito N°18.290, la conducción en estado de ebriedad conlleva multas, suspensión de licencia y, en casos de reincidencia, su cancelación definitiva. Si un conductor provoca lesiones graves o la muerte, se aplica la Ley Emilia, que establece penas de hasta 10 años de presidio.
Las infracciones detectadas reflejan el incumplimiento de normas de tránsito. La revisión de estos datos permitirá evaluar posibles medidas para reducir los riesgos en las rutas.
