Una mujer fue detenida tras ser sorprendida intentando ingresar 127 dosis de droga al Centro Penitenciario Femenino de Bulnes (Región de Ñuble) este martes, 25 de febrero.
Según información de Gendarmería, la imputada, identificada con las iniciales S.C.C.G., llevaba ocultas 69.6 gramos de cannabis y 55.4 gramos de pasta base de cocaína en su cuerpo al momento de la fiscalización.
El hecho ocurrió durante el control de ingreso de visitas, procedimiento de revisión habitual que se realiza a quienes ingresan al penal. Tras la detección de la droga, Gendarmería informó a la Fiscalía de turno, la que ordenó la detención de la mujer.
Posteriormente, la imputada fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se evaluarán los cargos en su contra.
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Delito por drogas pero también por intentar ingresarlas a una cárcel
Según la Ley 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, ingresar droga a un recinto penitenciario puede ser sancionado con penas de presidio efectivo, dependiendo de la cantidad y circunstancias del hecho.
Además, el Código Penal establece que el ingreso de objetos prohibidos a una cárcel puede constituir un delito, dependiendo de la intencionalidad y el daño que pudiera ocasionar en la población penal.
Desde Gendarmería, la directora regional (s), coronel Emylyn Ibáñez González, señaló que el procedimiento permitió evitar un ingreso de sustancias que «podría haber alterado el normal funcionamiento de la unidad». Además, informó que se han instruido medidas adicionales para reforzar los controles y minimizar el ingreso de elementos prohibidos.
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Droga en cárceles
El tráfico de drogas en recintos penitenciarios es una problemática recurrente. Según datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), la presencia de drogas en las cárceles afecta tanto la seguridad interna como los programas de rehabilitación para las internas. La introducción de sustancias ilícitas puede generar conflictos, aumentar la violencia y dificultar los procesos de reinserción social.
El caso sigue en investigación y la imputada podría enfrentar cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que puede implicar penas de presidio menor en su grado medio a máximo, según lo establecido en la legislación vigente.