El alcalde de San Nicolás, VíctorToro Leiva, fue formalizado nuevamente este jueves, 6 de marzo, por la Fiscalía de Chillán (Región de Ñuble) bajo el cargo de exacción ilegal. El delito consiste en exigir pagos sin respaldo legal a ciudadanos.
Según la investigación, el edil solicitó dinero a cientos de vecinos de la comuna para proyectos de agua potable que ya estaban completamente financiados por el Estado.
De acuerdo con el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021, periodo en el que el alcalde habría exigido pagos de $50.000 por persona a 170 vecinos del sector Los Aromos Sur y a 319 personas de otras localidades.
“El alcalde habría exigido a un total de 319 personas, integrantes de cuatro proyectos de implementación de agua potable rural, el pago de una suma de dinero, para lo cual no tenía facultades legales”, afirmó el persecutor.
Se mantiene la medida cautelar de arraigo nacional
La Fiscalía detalló que los dineros exigidos por el edil fueron depositados en la Tesorería Municipal de San Nicolás, pero no estaban contemplados en los requisitos de los proyectos, que ya contaban con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Además, en algunos casos, la Fiscalía aseveró que el alcalde habría amenazado a los vecinos con dejarlos fuera de los proyectos si no realizaban el pago.
El caso es investigado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Chillán. Como medida cautelar, el Juzgado de Garantía de Chillán ordenó mantener la prohibición de salida del país para el imputado mientras continúa la investigación.
¿De qué se le acusa?
El delito de exacción ilegal por el cual fue formalizado el alcalde se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Penal chileno, que sanciona a la autoridad que, desde su cargo, exija pagos no autorizados por la ley.
Las víctimas, detalló el Ministerio Público, fueron habitantes de distintos sectores de San Nicolás, como Lleuquén Sur, Quillahue Alto, Alto Changaral y Vidico, quienes realizaron los pagos con la esperanza de acceder a un servicio fundamental.
El edil «señaló a algunos vecinos que los que no depositaran dicha suma no serían beneficiados con el proyecto», explicó el fiscal Pérez Nova.
Sigue el proceso judicial
El proceso judicial sigue en curso, y la Fiscalía deberá determinar si existen más afectados y cuál fue el destino final de los dineros cobrados. Además, de confirmarse los cargos, Toro Leiva podría enfrentar sanciones que incluyen penas de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la decisión de los tribunales.
