La mañana de este lunes, 10 de marzo, la Fiscalía de Chillán (Región de Ñuble) formalizó al exadministrador municipal de la comuna, Richard Guzmán Fernández, por tres delitos de negociación incompatible.
Según informó el Ministerio Público, se le acusa de intervenir en la contratación y ascenso de su socio comercial en la municipalidad en 2021. El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prohibición de salida del país y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.
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El delito de negociación incompatible, sancionado en el Código Penal, se aplica a funcionarios públicos que intervienen en contrataciones, licitaciones o decisiones administrativas donde tienen un interés personal o comercial.
La Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, establece que un funcionario debe abstenerse de participar en decisiones que puedan favorecer a terceros con los que mantiene una relación personal o comercial.
«El administrado debió inhabilitarse»
Según el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, el imputado no se inhabilitó en los procesos donde su socio comercial obtuvo beneficios.
“El imputado debió inhabilitarse de intervenir en la contracción de su socio, manifestando la implicancia que lo afectaba a su superior jerárquico, cosa que no hizo”, explicó.
El funcionario presentó su renuncia formalmente al cargo el pasado 8 de enero, la que se hizo efectiva tras leerse en una sesión del Concejo Municipal. En la ocasión, varios concejales cuestionaron su salida ya que, sólo días antes, un informe de Contraloría daba cuenta de estas y otras posibles irregularidades.
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La empresa de la que era socio
En 2017, Guzmán Fernández fundó una empresa junto a su socio, la cual continuó operando hasta 2024. Durante su ejercicio como administrador municipal, solicitó en junio de 2021 la contratación de su socio en la municipalidad bajo la modalidad de profesional a contrata.
El 23 de septiembre de 2021, gestionó la renovación del contrato, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2021, solicitó una nueva renovación contractual, además de un ascenso en la escala de remuneraciones, subiéndolo del grado 9 al 8.
El artículo 62 de la Ley 18.575 establece que funcionarios públicos deben abstenerse de intervenir en decisiones que beneficien a personas con las que tengan un vínculo. La Ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos, exige que las decisiones públicas se ajusten a los principios de probidad y transparencia.
Arraigo nacional durante la investigación
El Juzgado de Garantía de Chillán determinó que Guzmán Fernández deberá permanecer con arraigo nacional, medida que impide su salida del país mientras dure la investigación.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Chillán, con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. La investigación busca determinar si hubo un perjuicio económico para la municipalidad o la existencia de otros involucrados en los hechos.
Debería la fiscalía haberlo dejado preso,por aprovechadorde su cargo como administrador ,a todos estos corruptos hay que despedirlos de los cargos publicos