El Concejo Municipal de Chillán aprobó la creación de su primera Comisión Investigadora desde que se tiene registro. La decisión, adoptada por unanimidad en la sesión ordinaria de este martes, 11 de marzo, tiene como objetivo analizar presuntas irregularidades en la administración municipal.
La investigación abordará el juicio de cuentas por $1.400 millones asociado a la concesión de áreas verdes y el oficio 704 de Contraloría, que detectó anomalías en el municipio.
El juicio de cuentas en curso afecta a la administración del alcalde Camilo Benavente y a otros tres funcionarios municipales. La concejala Carolina Chávez señaló que la instancia permitirá definir las acciones a seguir.
Chávez sostuvo que el proceso responde a antecedentes que indican un posible daño patrimonial en la municipalidad. “Existe un juicio de cuentas que ha demostrado que hubo un daño importante al patrimonio de la municipalidad, además de un oficio de Contraloría que confirma irregularidades dentro de la administración”, afirmó.
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Es parte del rol fiscalizador del concejo
La comisión tendrá la tarea de recopilar información y analizar posibles responsabilidades administrativas. La concejala Brígida Hormazábal destacó que la iniciativa se enmarca en las facultades del Concejo Municipal.
Hormazábal explicó que no se trata de un proceso sancionatorio, sino de una instancia de investigación. “Acá no estamos sancionando nada, sino que estamos iniciando, como su nombre lo dice, una investigación para determinar si es que existe algún tipo de responsabilidad”, sostuvo.
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La investigación incluye el análisis de la concesión de áreas verdes y la formalización del exadministrador municipal Richard Guzmán. El funcionario presentó su renuncia en enero de este año, tras un informe de Contraloría que lo mencionaba.
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La concejala Catalina Sandoval señaló que la indagatoria busca establecer si hubo responsabilidades administrativas en la pérdida de recursos.
Sandoval afirmó que es relevante esclarecer lo sucedido, dado que el municipio enfrentó un detrimento millonario. “Se debe determinar si existió una responsabilidad administrativa por parte de la municipalidad, especialmente en el caso de la concesión de las áreas verdes, lo que provocó un detrimento de más de $1.400 millones de pesos al municipio”, indicó.
El proceso se inició tras su discusión en tres comisiones previas del Concejo. Sus resultados podrían derivar en medidas administrativas o judiciales y marcar un precedente en la fiscalización de recursos municipales en Chillán.
