Por cinco votos contra dos, el Concejo Municipal de San Carlos (Región de Ñuble) aprobó la promesa de compra en la que el municipio, precisamente, se compromete a adquirir el denominado Terminal Municipal de Buses, emplazado en un recinto que antiguamente fue utilizado por Turbus.

La votación no fue fácil. Fueron varios los funcionarios municipales que, ante las consultas de algunos concejales, salieron a explicar y defender la decisión. Los ediles Roberto Caro y Daniel Pizarro votaron en contra, mientras el resto y el alcalde sumaron los cinco votos a favor.

La decisión compromete al municipio a comprar el terreno. Si bien no se dijo en el concejo, la compra final del terreno y el recinto ascienden a casi 2 mil millones de pesos. El municipio no tiene capacidad para gastar tal monto, por lo que los recursos serían prestados por la SUBDERE a través de un programa de endeudamiento.

Recinto ha movilizado a 43 mil pasajeros

A mediados de febrero, el alcalde Rubén Méndez comprometió un informe con datos estadísticos para evidenciar la «rentabilidad social» (es decir, que beneficie a las personas aunque no genere réditos económicos) del recinto. Aunque el informe no se hizo público, fue entregado a los concejales.

Para justificar su voto a favor, el concejal César Ortiz dio lectura a parte de él. Desde su puesta en marcha en septiembre el recinto ha movilizado a 43 mil pasajeros. El primer mes recibió a 2 mil 500 pasajeros, con un promedio de 80 personas al día.

Ya en diciembre la cifra aumentó a 7 mil 533 usuarios mensuales, con una media de 243 pasajeros diarios. En febrero de 2025, la cifra mensual llegó a 9 mil 552, con un promedio de 341 pasajeros diarios. Los datos, eso sí, no son comerciales: las empresas que operan no están pagando derechos para acceder al terminal.

«Tenemos algunas dudas, pero considero que el beneficio para la comunidad justifica esta inversión«, dijo el concejal César Ortiz. «Hay que priorizar la rentabilidad social, aunque tenemos que seguir fiscalizando», redondeó.

Alcalde justifica cambió de opinión sobre el proyecto

Un punto similar hizo la concejala Lorena Polanco, quien manifestó que tras la última reunión de la comisión que ve el tema, se aclararon varias dudas. «Hago un llamado a dejar de ver esto (el terminal) como una empresa, sino como una entidad pública que debe responder a las necesidades de la gente. Agradezco que el alcalde le dé continuidad», dijo.

Esto, ya que el proyecto viene de la administración anterior, de Gastón Suazo. Justo a días de su campaña electoral, el ahora exalcalde inauguró la puesta en marcha del recinto. En aquel entonces, el hoy alcalde Rubén Méndez criticó varias veces la medida, pero hoy señala haber cambiado de opinión.

«Hoy tenemos antecedentes que antes, cuando estábamos fuera del municipio, no teníamos. Antecedentes que la comunidad no conocía. Hemos tratado de validar esta decisión frente a la opinión pública llevando la información necesaria para tomar una buena decisión», dijo el jefe comunal.

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Infraestructura en mal estado

Actualmente, el municipio arrienda el recinto. A las semanas de iniciar su uso, la municipalidad trasladó hasta el lugar a la Dirección de Seguridad Pública. Está funcionando en la parte posterior de la infraestructura, a un costado de la zona habilitada como terminal.

Esa parte de la edificación vive deplorables condiciones. Según un informe municipal del mes pasado, apenas hay un baño habilitado, los desagües tienen baja presión y hay estructuras oxidadas. No hay buen sistema de ventilación, menos aire acondicionado: en pleno verano la temperatura al interior era de 33°.

Pero no sólo eso. También hay roedores en la zona e incluso sobre el cielo falso del edificio que se suman a las moscas, que -según el informe municipal- llegan también porque la única fosa séptica del lugar estuvo colapsada y sin mantención durante meses.

Toda esa infraestructura que, aunque el alcalde recalca que «no es el terminal, el terminal tiene una zona aparte«, está considerada en la compra. Esto obligará, admiten los concejales, a gastar dinero en mejorar el lugar inmediatamente después de comprarlo.

“El municipio debe ser claro sobre los gastos que se proyectan. Necesitamos claridad sobre la legalidad de este proceso, especialmente respecto al alcantarillado y otros aspectos legales del terminal”, dijo el concejal Daniel Pizarro.

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Claridad sobre la documentación

El edil también cuestionó la documentación entregada. Según dijo, no queda claro con qué tipo de permiso sanitario cuenta el recinto y si la autoridad sanitaria está al tanto de la falta de alcantarillado y situación actual de la fosa.

Algo similar planteó sobre la naturaleza del lugar. ¿Es un terminal de buses? En rigor, Turbus lo usaba como zona de descanso para conductores y estuvo funcionando como terminal un tiempo acotado, se desconoce si con autorización del Ministerio de Transportes.

A eso se le suman cuestionamientos a la prórroga del arriendo, la que no fue consultada a los concejales. Así lo manifestó el concejal Roberto Caro: «la prórroga no pasó por este nuevo concejo municipal. Esto fue un error anterior, porque habían confusiones sobre el tema (…). Creo que es necesario saber cuáles fueron los respaldos jurídicos para hacer la prorroga del contrato».

«Todavía no somos dueños de esa cuestión«

Ante los cuestionamientos por la documentación o la claridad en los montos que el municipio deberá invertir dado el actual estado del recinto, el Director de Control, Ricardo Parra, aseveró que lo mejor era que los concejales aprobaran, por la ya mencionada rentabilidad social.

«Hay que atender a lo que el alcalde tiene de esto (documentación). Nosotros ni siquiera somos dueños de esa cuestión (sic), todavía queda mucho terreno por hacer. Entonces, si falta algún elemento, lo entendemos. Hay que tomar en cuenta la rentabilidad social que pusieron los concejales Ortiz y Polanco sobre la mesa», dijo el director.

«Yo creo que la iniciativa cumple el estándar social y cualquier situación que no cumpla, el principio de la buena fe está sobre la mesa», aseguró el funcionario.

Al mismo tiempo, emplazó al concejal Rubén Ortiz diciéndole cómo debía proceder. «Usted», le dijo, «le tiene que dar la posibilidad a la administración de darle mayor equipamiento a la comuna. Usted no puede quedar entrampado en un detalle«, lo interpeló.

Control asegura que el «se va a pagar solo»

El edil, por su parte, argumentó que sus reparos responden a la cantidad de dinero que le significará al municipio comprar el recinto. «Es un préstamo que vamos a pedir, es decir, a la larga van a ser fondos municipales».

Sin embargo, el director de control le respondió: «Es un préstamo pero lo vamos a devolver con la participación en el Fondo Común Municipal, po (sic) (…). Básicamente, el terminal se va a pagar solo. Y, por último, la responsabilidad que usted tiene como concejal es la responsabilidad social, po (sic)».

Al cierre, tanto el alcalde como su directora jurídica hicieron énfasis en que la promesa de compra no es lo mismo que la compra del recinto. Si las condiciones acordadas no se cumplen o se encuentran irregularidades, el municipio puede desistir, prometieron.