La Contraloría General de la República abrió un juicio de cuentas contra el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS) y cinco funcionarios del Gobierno Regional. La medida se tomó tras detectarse una omisión negligente en la supervisión de un convenio con la fundación ProCultura.
El proceso, según publicó el medio ExAnte, se oficializó el 15 de noviembre de 2024, luego de que el organismo fiscalizador emitiera el informe 708/2023. La investigación podría derivar en la restitución de los recursos públicos involucrados.
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El juicio de cuentas se inició luego de que el entonces contralor regional de Ñuble, Mario Quezada, determinara que el gobernador no ejerció un control jerárquico efectivo sobre la administración de un convenio por $268.100.000.
Los recursos fueron asignados en 2022 a ProCultura, bajo el marco del programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”. Contraloría cuestionó la falta de fiscalización en la ejecución de estos fondos.
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Sobreprecios y pagos no justificados
El análisis del organismo reveló sobreprecios, pagos no justificados y $20 millones que no fueron ejecutados. Además, se objetaron $54 millones por irregularidades en las rendiciones de cuentas.
Como consecuencia, junto al gobernador, el proceso involucra a los funcionarios Rubén Sandoval, Osvaldo Alcayaga, Felipe Segovia, Claudio Martínez y Sebastián Medina, quienes enfrentan observaciones por cerca de $60 millones.
El gobernador defendió su gestión y afirmó que el juicio de cuentas es un proceso en el que aún se deben presentar antecedentes. “Se entregarán los argumentos que permitan precisar la información respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional”, declaró Crisóstomo.
Investigación penal en curso
De manera paralela, el gobernador es sujeto de interés en una investigación penal, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
En octubre, Crisóstomo fue citado a declarar como imputado, pero optó por guardar silencio. Según la indagatoria, habría solicitado a la División de Fomento e Industrias contactar a la empresa Esquerré para ejecutar el proyecto, pese a que el convenio fue adjudicado oficialmente a ProCultura.
Querella y allanamientos
La consejera regional Lorena Jardua (UDI) presentó una querella contra Crisóstomo y el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (FA). En su acusación, sostuvo que “hubo pago de sobreprecios por un servicio asignado a un intermediario y manejos políticos de dudosa transparencia”.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las oficinas del Gobierno Regional de Ñuble y en el domicilio del gobernador. Durante estas diligencias, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos, incluyendo el teléfono personal de Crisóstomo.
Mientras el juicio de cuentas avanza en Contraloría, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes que podrían derivar en nuevas acciones judiciales.
