La construcción del Embalse Zapallar, en la Región de Ñuble, es un proyecto anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric como una respuesta a la creciente escasez hídrica que afecta a la zona. Con una inversión proyectada de 170 mil millones de pesos, se busca garantizar el riego de 10.000 hectáreas de cultivos, además de proporcionar otros usos, como el abastecimiento de agua potable, el control de crecidas e incendios forestales.
Sin embargo, aunque este proyecto se presenta como una solución integral a la crisis hídrica de la región, surgen cuestionamientos sobre su impacto real (eso siempre existe, es cosa de ver los tranques ya existentes en Chile) y la coherencia con las políticas medioambientales de un gobierno que se ha autodefinido como ecologista. «Ya no sirve invertir en embalses» dijo Boric cuando era aún candidato.
Demanda histórica del campo
El Embalse Zapallar responde a una demanda histórica de los agricultores de Ñuble, quienes desde principios del siglo XX han solicitado soluciones para garantizar el riego en sus tierras durante períodos de sequía. La capacidad del embalse de 80 hectómetros cúbicos, junto con su red de canales, promete mejorar la seguridad hídrica para los cultivos de la región.
No obstante, este tipo de proyectos de infraestructura hídrica, aunque necesarios, siempre deben ser analizados con cautela. Es esencial considerar tanto los beneficios inmediatos como los efectos a largo plazo sobre el ecosistema y las comunidades cercanas.
El Gobierno de Boric ha señalado que el embalse se ejecutará completamente con fondos públicos, excluyendo la participación privada. Esta decisión ha sido respaldada con la promesa de que el proyecto beneficiará a los sectores productivos y abordará diversas necesidades sociales y ambientales.
Sin embargo, es importante subrayar que, aunque este enfoque busca una mayor autonomía del Estado en la gestión de los recursos hídricos, también plantea interrogantes sobre la capacidad de la administración pública para ejecutar una obra de tal magnitud en los plazos establecidos, y sobre las implicancias ambientales de la misma.
El impacto ambiental
A pesar de las buenas intenciones declaradas por el gobierno, proyectos de esta envergadura siempre deben ser evaluados con un enfoque integral que contemple tanto los beneficios como los costos a largo plazo sobre el medio ambiente. El impacto ambiental del embalse, que inundará 312 hectáreas de terrenos agrícolas y alterará el curso natural del río Diguillín, es una preocupación legítima.
Además, aunque el proyecto también tiene fines de control de crecidas y abastecimiento de agua potable, su efectividad en el contexto del cambio climático sigue siendo incierta, especialmente cuando se considera que la variabilidad de las precipitaciones está aumentando y los recursos hídricos son cada vez más limitados.
Si bien la obra puede representar una respuesta parcial y temporal a la crisis hídrica en Ñuble, es necesario que el gobierno reflexione sobre la viabilidad a largo plazo de este tipo de soluciones.
Debate debe ampliarse
El compromiso con la sostenibilidad, siguiendo los principios manifestados por el Gobierno, no puede limitarse a la construcción de embalses y otras infraestructuras; debe incluir un enfoque más holístico de la gestión del agua, que también abarque la eficiencia en el uso, la conservación de ecosistemas y la adaptación a los nuevos desafíos climáticos.
Así, aunque el Embalse Zapallar puede ser un paso en la dirección correcta para aliviar las necesidades inmediatas de los agricultores de Ñuble, es esencial que las políticas gubernamentales también apunten a alternativas más sostenibles y menos dependientes de grandes infraestructuras.
Si dichos principios aún están ahí, el gobierno del presidente Boric debe impulsar ya un debate más amplio sobre cómo afrontar la crisis hídrica con soluciones innovadoras, que no solo se centren en el almacenamiento de agua, sino también en la preservación de los recursos naturales y el fomento de la eficiencia en su uso.
El desafío de la gestión hídrica en Chile requiere de una mirada profunda y de políticas públicas que vayan más allá de las soluciones tradicionales. Solo así será posible enfrentar la crisis del agua de manera eficaz y sostenible, sin caer en contradicciones que perjudiquen el objetivo de construir un futuro más ecológico y resiliente.
