Un hombre de 39 años fue formalizado por femicidio frustrado y desacato, tras agredir a su expareja en su domicilio, ubicado en la comuna de San Carlos, Región de Ñuble.
El hecho ocurrió la tarde del miércoles, 26 de marzo, cuando el imputado irrumpió en la vivienda de la víctima, pese a tener vigente una orden de alejamiento judicial, dictada en febrero por una causa anterior de violencia intrafamiliar.
La Fiscalía informó que el hombre causó destrozos, golpeó a la víctima e intentó quemarla con agua caliente. Luego, le colocó un cuchillo en el cuello y la amenazó con matarla. La agresión se desarrolló en presencia de los hijos que ambos tienen en común. Un vecino intentó intervenir, sin poder detener el ataque.
Según lo expuesto en la audiencia de formalización, el imputado ya había sido denunciado por hechos anteriores relacionados con violencia intrafamiliar. En esa causa, se dictó una prohibición de acercamiento a la víctima, que estaba vigente al momento del nuevo ataque. El hombre fue detenido por Carabineros y presentado ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
La identidad de los involucrados así como el domicilio donde ocurrieron los hechos se mantiene bajo reserva por motivos de la investigación.
Audiencia de formalización
Durante la audiencia, la fiscal jefa de San Carlos, Tamara Cuello Peña, solicitó la prisión preventiva del imputado. El tribunal acogió la solicitud y ordenó su reclusión en un centro penitenciario, mientras dure la investigación.
El delito de femicidio frustrado se refiere a un intento de homicidio cometido contra una mujer, en el contexto de una relación afectiva o conyugal previa. Este delito está regulado por el artículo 390 bis del Código Penal. El segundo delito, desacato, corresponde al incumplimiento de una resolución judicial, según el artículo 240 del mismo código.
El tribunal fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público reúna antecedentes que permitan establecer o descartar la responsabilidad penal del imputado. El caso se encuentra en etapa investigativa y continúa bajo supervisión judicial.