El Juzgado de Garantía de Bulnes decretó la prisión preventiva de un hombre imputado por los delitos de robo con violencia y robo en lugar habitado, cometidos en el sector Santa Clara durante la madrugada del 12 de diciembre del 2024.
Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, a las 3:30 horas, el detenido y su hermano ingresaron a una vivienda donde agredieron a sus ocupantes. El tribunal sostuvo que los imputados sustrajeron un teléfono celular en su primer ingreso al inmueble.
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Horas más tarde, alrededor de las 6:20 horas, los sujetos retornaron al domicilio mientras las víctimas se encontraban en Carabineros. En este segundo ingreso, habrían robado un televisor, dos cilindros de gas, una billetera, una cadena de plata y un minicomponente.
La fiscal subrogante de Bulnes, Carolina Mandiola Silva, señaló que durante el primer ataque los sujetos «empujaron a la dueña de casa y golpearon y amenazaron con un cuchillo al hijo de ésta». Según explicó, la reiteración de la conducta delictiva durante el proceso de denuncia incrementó el nivel de riesgo del imputado.
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Tribunal fijó plazo para investigación
El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, considerando los argumentos expuestos en la audiencia. «La libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas», afirmó la fiscal Mandiola durante su intervención.
El delito de robo con violencia, regulado en el artículo 436 del Código Penal, consiste en apropiarse de bienes ajenos mediante el uso de fuerza o intimidación. Por su parte, el robo en lugar habitado, previsto en el artículo 440 del mismo cuerpo legal, sanciona la sustracción de especies desde una morada habitada.
Durante la audiencia, la fiscal Mandiola también abordó fenómenos asociados como la violencia intrafamiliar, definida en la Ley N° 20.066 como cualquier acto que cause daño físico o psicológico en el entorno familiar.
«La retractación de las víctimas muchas veces responde a presiones culturales o al temor de represalias», advirtió. Al cierre, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 3 meses para investigar los hechos a cabalidad.
