Un total de 40 recursos de protección están presentados contra el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Coihueco, en la Región de Ñuble. Así lo informó el diputado Cristóbal Martínez, tras reunirse el martes 13 de mayo con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
La cita con el secretario de Estado tuvo por objetivo tratar las demoras que afectan a los vecinos. Las esperas en la inscripción de títulos y otros trámites alcanzan hasta dos años.
El Conservador de Bienes Raíces de Coihueco comenzó a funcionar a fines de 2022, asumiendo funciones que antes dependían de Chillán. Desde entonces, se han producido retrasos importantes.
El diputado Martínez afirmó que “lo que está ocurriendo en la comuna escapa de lo razonable, porque es absolutamente intolerable tener que esperar incluso dos años para que se apruebe un trámite”.
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Hay un colegio que lleva año y medio esperando
En febrero de 2024 comenzaron las primeras alertas por demoras excesivas en el CBR de Coihueco. El volumen de trámites aumentó tras el traslado de inscripciones desde Chillán a Coihueco. Un caso emblemático es el Colegio San Agustín, que lleva un año y siete meses esperando una autorización para un trámite.
Martínez explicó que la creación del CBR buscaba mejorar la atención en la comuna, pero la situación no ha cambiado. La acumulación de recursos legales refleja el impacto del problema en la comunidad.
En la reunión con el ministro Gajardo, el diputado expuso que “se está viviendo desde hace algunos años en Coihueco una compleja situación que requiere una respuesta oportuna para los afectados”.
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Pedirán al Gobierno gestionar situación con Justicia
Tras la reunión con el Ministro de Justicia, se acordó enviar un oficio con la información para que el Gobierno gestione con la Corte de Apelaciones de Chillán una solución.
Martínez añadió que entregarán los datos para que la Corte informe sobre las medidas a adoptar, porque los vecinos “no merecen seguir con estos niveles de espera y demoras”.
El Conservador de Bienes Raíces es la entidad encargada de inscribir y proteger los actos jurídicos de propiedad. Según la ley, debe asegurar rapidez y seguridad en los trámites.
