Tres concejales y el alcalde de San Carlos, Rubén Méndez, visitaron el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble para entregar la documentación que, según sostienen, demuestra que el exalcalde Gastón Suazo abandonó sus deberes y, por lo tanto, debería ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.
La acusación también incluye «faltas graves a la probidad» durante su gestión. El requerimiento incluye antecedentes municipales e informes de la Contraloría General de la República. “Hay un montón de causas que consideramos que es nuestro deber investigar y será este tribunal el responsable de realizar esta investigación”, dijo el alcalde Méndez.
Los ediles que le acompañaron fueron Rubén Ortiz, Jorge Rodríguez y César Ortiz, es decir, sólo la mitad del Concejo Municipal, pese a que dicho concejo acordó por unanimidad presentar los requerimientos.
De hecho, los tres concejales y el jefe comunal presentaron la documentación en compañía de un abogado externo al municipio, Yerko Belmar. En un comunicado de prensa la casa municipal presentó al jurista privado como «representante de los requirientes».
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«No fue esto lo que acordó el concejo»
Ante la situación, la concejala Lorena Polanco (PC) aclaró por qué ella no formó parte de la visita al Tribunal Electoral Regional que realizó el alcalde y tres de sus pares. Según dijo, los concejales están actuando por separado, lo que no corresponde.
«Hoy lamento la división generada tras haber tomado una decisión formal, ya que, desde mi punto de vista, no corresponde que concejales actuemos por separado ni que abogados particulares asuman una tarea que fue definida como institucional«, dijo la edil.
«Es el municipio, como órgano competente, quien debe presentar la información para que el Tribunal Electoral Regional se pronuncie, razón por la cual he definido no ser parte de dicha acusación».
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Lo que había acordado el concejo
Fue el pasado 7 de mayo cuando el Concejo Municipal de San Carlos definió qué hacer ante las irregularidades detectadas en la pasada administración. En esa instancia y por unanimidad los ediles votaron para que el municipio presentara los antecedentes a la justicia electoral.
«Sin embargo, me he enterado de que el acuerdo del concejo no se respetaría y que se presentarían antecedentes por separado, por un grupo de dos concejales y, por otro, el alcalde junto a tres de mis colegas», objeta la concejala Polanco.
De todas maneras, sea en conjunto o separado, si los antecedentes realmente dan cuenta de las acusaciones y la presentación se ajusta a derecho, el TER debería emitir un dictamen al respecto y resolver sanciones o impugnar la acusación.
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Lo que denuncian en contra de Suazo
La decisión se tomó tras un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 28 de abril de 2025, que confirmó que el acta de traspaso de gestión entregada por Suazo estaba incompleta y carecía de las firmas requeridas.
Se trata de un documento fundamental: a través de dicha acta se traspasa toda la administración municipal. Si el documento es irregular o carece de legalidad, el traspaso del mando desde Suazo a Méndez carece de legalidad formal.
El informe de la Contraloría establece que el exalcalde no entregó el acta de traspaso conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 18.695. Esta norma exige que el alcalde saliente entregue un acta debidamente firmada durante la instalación del nuevo Concejo Municipal.
La falta de cumplimiento de esta obligación podría ser considerada como notable abandono de deberes, lo que es competencia del Tribunal Electoral Regional.
Los comunistas como siempre, buscándole «la quinta pata al gato»