Cinco funcionarios públicos fueron detenidos en Chillán (Región de Ñuble) tras ser acusados de desviar droga destinada a destrucción y venderla. Así lo informó la Policía de Investigaciones (PDI) la tarde de este miércoles, 11 de junio.
La operación permitió incautar más de 90 kilos de sustancias ilícitas y se realizó el pasado fin de semana, en el marco de una investigación iniciada en mayo de 2023.
Según antecedentes entregados por la PDI, los detenidos tenían la responsabilidad de destruir droga decomisada en procedimientos policiales. Parte de estas sustancias fue desviada para su almacenamiento y posterior venta en el mercado ilegal.
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Desde el 2023 que los venían indagando
El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, explicó que el trabajo se realizó en conjunto con el Ministerio Público. «Esta investigación ha sido plenamente coordinada con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos desde mayo de 2023», afirmó.
Durante el operativo se ejecutaron registros en seis domicilios particulares y en dependencias del Servicio de Salud de Ñuble, ubicadas en el Hospital Herminda Martín de Chillán.
En los inmuebles allanados se incautaron más de 90 kilos de cannabis, clorhidrato de cocaína y cocaína base, con un avalúo que supera los 500 millones de pesos.
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Irregularidades en el manejo y documentación de la droga
El jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Chillán, subprefecto Jonathan Silva Concha, señaló que durante el proceso se detectaron múltiples irregularidades en el manejo de la droga.
«Durante el proceso investigativo se detectaron incongruencias en la documentación con la droga que se mantenía, un desorden extremo, ya que faltaban drogas respecto a las registradas en las actas de recepción; además, droga sin etiquetado y ocultas en un rincón«, indicó.
También se constató que las sustancias ilícitas presentaban pesos inconsistentes en relación con lo consignado oficialmente. Los hallazgos fueron incorporados a la investigación judicial en curso.
El caso continúa bajo el análisis del Ministerio Público. Los funcionarios detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, delito contemplado en la Ley 20.000, que sanciona el almacenamiento, comercialización y distribución de estupefacientes en Chile.
