Un hombre fue detenido en Chillán (Región de Ñuble) tras ofrecer $2 millones en efectivo a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). El hecho ocurrió al interior del cuartel policial, luego de una fiscalización migratoria en la que se detectaron documentos laborales presuntamente adulterados.
El operativo fue realizado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, y estuvo dirigido a un grupo de 46 personas extranjeras que residían en condiciones de hacinamiento.
Durante la revisión, se identificó a 20 ciudadanos bolivianos que portaban documentación sin validez legal para desempeñarse laboralmente en el país. Según informaron desde la institución, los permisos no habrían sido emitidos por la autoridad migratoria competente.
El jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, el subprefecto Víctor Morales Ramírez, explicó que durante la fiscalización se detectaron irregularidades en los permisos laborales presentados por varios de los fiscalizados.
“Las autorizaciones laborales que tramitaba el contratista, no habrían sido emitidas por la autoridad administrativa competente”, indicó el funcionario.
El hombre fue trasladado a dependencias de la PDI para ser notificado de las sanciones que podría enfrentar por su eventual participación en estos hechos. Fue en ese contexto que, según la versión policial, ofreció dinero en efectivo para evitar consecuencias legales.
“Solicitó poder solucionar el problema y extrajo de su bolso $2 millones de pesos en efectivo, intentando sobornar con el fin de eludir las consecuencias legales”, detalló el subprefecto Morales, en relación al momento en que ocurrió el ofrecimiento dentro del cuartel.
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Delitos imputados y marco legal
El imputado fue detenido por el delito de cohecho, el cual está descrito en el artículo 250 del Código Penal. La norma establece que comete este delito quien ofrece dádivas o beneficios a un funcionario público para obtener un trato indebido o evitar una sanción.
Además de ese cargo, enfrenta infracciones por la contratación irregular de personas extranjeras y por el uso de documentación falsa, conforme a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Esta normativa regula los requisitos y procedimientos legales para que personas extranjeras trabajen formalmente en Chile.
La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.
