Un hombre quedó en prisión preventiva tras asaltar una botillería en la comuna de Quillón (Región de Ñuble). El Juzgado de Garantía de Bulnes formalizó al imputado, de 31 años, por el delito de robo con intimidación.
La detención se realizó la mañana del viernes 1 de agosto, un día después de ocurrido el delito, en su domicilio ubicado en la misma comuna.
El asalto ocurrió la noche del miércoles 30 de julio, a las 21:30 horas, en un local comercial de calle El Roble. El imputado amenazó al dueño del negocio con un cuchillo para exigirle la entrega de la recaudación del día.
Tras intimidar a la víctima, saltó sobre el mesón de atención al público, abrió la caja registradora y sustrajo 80 mil pesos en efectivo, dándose a la fuga.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía Local de Bulnes, a partir de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Estas grabaciones permitieron identificar al imputado y coordinar su detención con Carabineros.
El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, explicó que “a partir de las imágenes que se logró obtener de las cámaras de vigilancia del establecimiento, se determinó la identidad del imputado, lo que permitió a Carabineros realizar diligencias para ubicar su paradero”.
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Prisión preventiva por peligro a la seguridad pública y del ofendido
En el operativo realizado en su domicilio, Carabineros encontró las vestimentas utilizadas por el imputado al momento de cometer el delito. También se incautó el cuchillo empleado para amenazar al comerciante.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
La investigación tendrá un plazo de dos meses, periodo en el cual la Fiscalía Local de Bulnes coordinará nuevas diligencias junto a Carabineros para recabar más antecedentes.
El delito de robo con intimidación está tipificado en el Código Penal chileno y contempla penas de hasta 15 años de presidio efectivo, según establece la normativa vigente.