La caza ilegal de loro choroy dejó a un hombre detenido en Coihueco (Región de Ñuble). Así lo informó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) este viernes 8 de agosto, tras un operativo conjunto con Carabineros que permitió sorprender al infractor en flagrancia en el sector rural de San Ramón.
El procedimiento se inició a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la caza del loro choroy (Enicognathus leptorhynchus), ave nativa clasificada como especie vulnerable por la Ley de Caza N° 19.473.
Carabineros incautó el arma utilizada y derivará los antecedentes al Ministerio Público. Por su parte, el SAG levantó un Acta de Denuncia y Citación por infracción a la normativa vigente.
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El choroy, una especie en estado de conservación
El encargado regional de Fauna Silvestre del SAG, Nelson Alvarado, precisó que la caza de esta especie implica sanciones administrativas y penales.
“El choroy es una especie nativa en estado de conservación, y su caza está totalmente prohibida. Quienes incurran en este delito se exponen a multas, confiscación de armas y hasta el presidio del imputado, según la gravedad del caso”, afirmó.
Las sanciones administrativas del SAG incluyen multas de 1 a 25 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a entre $65.967 y $1.649.175.
También contempla la retención del arma por seis meses y la suspensión o inhabilitación del permiso de caza hasta por cuatro años.
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Vecinos pueden denunciar
El Ministerio Público sanciona penalmente la caza, captura o comercialización de especies protegidas con penas de 21 a 60 días de prisión y multas entre 3 y 50 UTM ($197.901 a $3.298.350).
El director del SAG Ñuble, Osvaldo Alcayaga, indicó que la ciudadanía puede denunciar este tipo de casos a Carabineros o al SAG. “Respetar a nuestra fauna silvestre y la Ley de Caza no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la protección del patrimonio natural de Chile”, dijo.
En caso de que la actividad ilegal se realice de forma habitual, las penas se elevan a presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a tres años.
También puede imponerse una multa de hasta 100 UTM, además del decomiso de las herramientas empleadas.
