Nueve personas fueron condenadas a presidio efectivo por el delito de tráfico ilícito de drogas en Chillán (Región de Ñuble), tras un juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de dicha comuna. Las penas impuestas van desde 5 años y un día hasta 10 años y un día de prisión, sin acceso a beneficios alternativos.
Los sentenciados fueron hallados culpables de participar en una organización criminal dedicada a la comercialización de sustancias ilegales, según informó el Ministerio Público. Las identidades no fueron divulgadas, pero el tribunal detalló las edades y delitos imputados.
Uno de los condenados, un hombre de 36 años, ya se encontraba recluido desde el 2 de julio de 2023 por tenencia ilegal de arma de fuego. Durante su privación de libertad, habría continuado coordinando actividades delictivas desde el recinto penitenciario.
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El acusado operaba junto a una mujer de 25 años, también condenada por su participación en el tráfico de drogas. Ambos fueron identificados por el Ministerio Público como parte de la estructura central de la red.
Según el artículo 3 de la Ley N.º 20.000, el tráfico de drogas se configura cuando una persona, con fines de lucro, participa en la producción, transporte, almacenamiento o distribución de sustancias estupefacientes. Esta norma establece penas privativas de libertad ante conductas asociadas al narcotráfico.
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El resto de los acusados
En el mismo juicio, una mujer de 33 años recibió una condena de 10 años y un día de presidio por el mismo delito. Además, un hombre de 53 años fue sentenciado a 6 años por tráfico y a 3 años y un día adicionales por tenencia ilegal de arma de fuego.
Cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana también fueron condenados: un hombre de 25 años, otro de 31, uno de 26, uno de 30 y uno de 32 años. Cada uno recibió penas de 5 años y un día de presidio efectivo por su participación en los hechos.
La causa fue encabezada por el Fiscal Jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Rolando Canahuate, quien representó al Ministerio Público durante el juicio. El persecutor explicó que la investigación acreditó vínculos operativos desde el penal hacia el exterior.
“Las diligencias acreditaron que existía una estructura coordinada para distribuir droga en Chillán, con vínculos operando desde el penal”, afirmó Canahuate. No se detalló si el grupo mantenía conexiones con redes externas o si hay investigaciones en curso.
El tribunal ordenó que las penas se cumplan efectivamente en recintos penitenciarios, sin acceso a medidas sustitutivas.
