La Fiscalía Regional de Ñuble informó este martes, 2 de septiembre, avances en el Caso Luminarias LED: se han recuperado alrededor de $3.272 millones y la investigación continúa dirigida desde Ñuble. La causa se tramita en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La indagación se centra en adjudicaciones irregulares de contratos para el recambio de luminarias públicas a cargo de la compañía. Todo partió tras una primera investigación que abrió una arista en Chillán, que encontró irregularidades en contratos con la empresa Itelecom.
Junto a esta ciudad, figuran además Negrete, Coyhaique y Puerto Natales, además de una línea investigativa relacionada con el Ministerio de Energía.
La Fiscalía Regional de Ñuble, encabezada por Nayalet Mansilla Donoso, dirige la investigación. La pesquisa permitió incautar fondos transferidos al Fisco como multas y comisos.
En total, la investigación considera a 21 acusados, de los cuales 11 fueron condenados mediante procedimientos abreviados, uno accedió a suspensión condicional y nueve enfrentarán juicio oral.
La audiencia de preparación se efectuó en agosto, aunque el tribunal aún no fija fecha para la apertura del juicio. La Fiscalía también informó la imposición de multas y del comiso de bienes vinculados a la causa.
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Disolución de sociedades vinculadas
Como condición de procedimiento abreviado, el Ministerio Público exigió la disolución de seis sociedades de Itelecom sin contratos con organismos estatales.
Tres sociedades más se disolverán al concluir sus contratos municipales: Sociedad de Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA, Soluciones de eficiencia energética Go+ SpA e Itelecom Holding Chile SpA.
Estas sociedades permanecen operativas de manera transitoria para no interrumpir servicios municipales. La Fiscalía subrayó que las sanciones incluyen además la prohibición de acceder a contratos públicos.
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Los delitos investigados son soborno, cohecho, violación de secreto, lavado de activos, asociación ilícita y delitos tributarios.
La Fiscal Regional Nayalet Mansilla afirmó que “el Ministerio Público está muy conforme hasta el momento con los resultados que hemos obtenido”.
El soborno y el cohecho son delitos descritos en el Código Penal que sancionan la entrega o recepción de beneficios indebidos en decisiones públicas. La violación de secreto sanciona la revelación de información reservada conocida por razón de cargo o profesión.
El lavado de activos se refiere a operaciones destinadas a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes. La asociación ilícita sanciona la organización estable con el fin de delinquir. Los delitos tributarios abarcan conductas dolosas de evasión o fraude en el sistema impositivo.
