Un hombre de 24 años fue condenado en San Carlos (Región de Ñuble) a cinco años de presidio por los delitos de femicidio tentado y desacato. La agresión afectó a su exconviviente, quien sufrió lesiones que demoraron un mes en sanar. Así lo informó la Fiscalía este miércoles 10 de septiembre.
El ataque ocurrió durante la madrugada del 26 de diciembre de 2024, cuando el imputado abrió la puerta de un vehículo y empujó a la mujer hacia la calle. El tribunal señaló que la acción se realizó con ánimo homicida.
La víctima sobrevivió al hecho, pero necesitó atención médica prolongada para superar las heridas. La sentencia se dictó en un procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de San Carlos.
La investigación expuso un patrón de violencia reiterada del imputado hacia la mujer. Este incluyó insultos, menosprecios y actos de humillación, como arrojar líquidos en su cuerpo y ropa.
El fiscal subrogante de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, explicó que “el acusado coaccionó reiteradamente a la víctima, insultándola, menoscabándola e, incluso, arrojándole líquidos sobre su cuerpo y ropa para humillarla”.
La justicia acreditó también que el hombre incumplió una medida cautelar que desde abril de 2024 le prohibía acercarse a la mujer. Ese incumplimiento configuró el delito de desacato, sancionado en el artículo 240 del Código Penal.
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Condena y sanciones adicionales
La condena estableció 1.567 días de presidio por el delito de femicidio tentado. Según la Ley N.º 20.480, el femicidio corresponde al homicidio cometido por un hombre contra una mujer con quien tiene o tuvo una relación de convivencia o pareja.
En caso de tentativa, la pena corresponde a una parte del castigo aplicable al delito consumado, considerando la gravedad del ataque. El fallo incluyó además la sanción de 258 días de presidio por el delito de desacato.
Las medidas accesorias dictadas en la sentencia consisten en la prohibición de acercarse a la víctima durante dos años, la obligación de someterse a tratamiento y la aplicación de control telemático. Este mecanismo permite fiscalizar a distancia el cumplimiento de las restricciones judiciales impuestas al condenado.
