Cinco funcionarias de salud del Hospital Regional de Chillán (Región de Ñuble) fueron formalizadas por el delito de cuasidelito de homicidio, tras la muerte de una niña de 12 años que cayó desde el quinto piso de la Unidad de Pediatría el 26 de julio de 2023.
Así lo informó este martes 23 de septiembre la Fiscalía. La menor se encontraba bajo custodia judicial del Juzgado de Garantía de Bulnes al momento de los hechos.
La fiscal jefe (s) de Chillán, Nadia Espinoza Caro, explicó que la paciente fue trasladada desde una habitación sin ventana a otra con ventana, pese a existir antecedentes clínicos que advertían un alto riesgo de fuga.
En la audiencia, la persecutora sostuvo que la caída de la víctima fue consecuencia de “infracciones y omisiones del equipo médico y de enfermería de la Unidad de Pediatría”.
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Imputadas son acusadas de negligencia
Las imputadas corresponden a una médico pediatra, tres enfermeras —una de ellas supervisora— y un técnico en enfermería. Sus nombres fueron entregados solo mediante iniciales, por decisión del Juzgado de Garantía de Chillán.
Otras dos funcionarias, una médico psiquiatra y otra técnico en enfermería, serán formalizadas en audiencia fijada para el 25 de noviembre.
La fiscal Espinoza indicó que las imputadas “actuaron con negligencia, omitiendo medidas preventivas básicas cuyos cargos y reglamentos les imponían”.
Añadió que en el caso de los médicos hubo incumplimientos a la Lex Artis, concepto que define el estándar de actuación esperado en la práctica clínica.
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Los delitos imputados
El delito de cuasidelito de homicidio está regulado en el artículo 492 del Código Penal. Este ilícito sanciona a quien, por negligencia o imprudencia, causa la muerte de otra persona, sin intención de hacerlo.
En la audiencia, la fiscal Espinoza precisó: “Estamos hablando de negligencia a los deberes de su cargo, a su reglamento y también en el caso de los funcionarios médicos, también negligencia a la Lex Artis”.
En la misma instancia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prohibición de salida del país para las imputadas. El tribunal rechazó la petición, dejando a las funcionarias sin medidas cautelares durante el proceso.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para la investigación. La causa continúa en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, unidad dedicada a indagar muertes violentas o de carácter sospechoso.
